El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%

Para lograr el respaldo definitivo de CSIF –que parecía de inicio el menos receptivo a la oferta gubernamental-, según señala esta misma central, el departamemento ministerial encargado de la Función Pública anticipó otro 0,5% de alza variable para 2026 –se detraería del incremento de 2027, que quedaría así en el 4,5%–, aunque vinculado a que el año próximo el IPC sea igual o superior al 1,5% de la parte fija ya prevista. En todo caso, ese posible aumento añadido se abonaría en el primer trimestre del ejercicio siguiente con efectos retroactivos.

El impacto de las alzas acordadas en las nóminas de los empleados públicos será inmediato y este diciembre recibirán ya una 'súper paga' navideña con el aumento del 2,5% pactado para este año, que se abonará de forma retroactiva desde el 1 de enero. Además, comenzarán el año con otro incremento del 1,5%, aparte de ese 0,5% adicional conforme al IPC. Con ello, en solo dos meses sumarán un alza del 4% que, sin embargo, no servirá para evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo –en el entorno del medio punto–, puesto que la inflación para este año se situará entre un 2,5% o un 2,7% de media y en 2026 la previsión del Banco de España apunta al 1,9%.

Este ha sido precisamente el principal escollo de una negociación que, tras postergarse meses, se ha alargado más de lo deseado por el Ejecutivo, que ha tratado de apretar en las últimas reuniones. Finalmente, salvo sorpresa de última hora, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará esa subida del 11% que, a su juicio, sí garantiza el poder adquisitivo. Según los firmantes del pacto, en enero de 2027, cuando vuelva a producirse una mejora del 4,5% de los salarios, las remuneraciones de los funcionarios acumularán un crecimiento del 9% en apenas doce meses, a lo que sumarán el 2% restante en 2028, al culminarse con una subida final del 11,4% por el efecto arrastre.

Pero este acuerdo, que se consiguió tras una oleada de manifestaciones en la calle y la amenaza de una huelga general en diciembre, traerá también otra serie de mejoras laborales para los empleados públicos. La principal es que se eliminará la actual tasa de reposición para favorecer el refuerzo de la plantilla en los ámbitos más necesitados, así como servirá para reducir la elevada temporalidad, cercana al 30%. A su vez, se acortarán los plazos de los procesos selectivos en las ofertas de empleo público para que se resuelvan de forma definitiva en un plazo no superior al año.

El ministro del ramo, Óscar López, ha prometido para ello ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad, y adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales. Además, impulsará procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos.

En todo caso, a lo largo de 2026 se revisarán y elevarán los complementos de residencia e insularidad y las indemnizaciones por razón de servicio eliminando las desigualdades entre empleados públicos y se reforzará la calidad sanitaria de Muface.

Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a avanzar en la jornada de 35 horas y en la regulación del teletrabajo en la Administración del Estado.