El Gobierno eleva al Consejo de Seguridad Nuclear la petición para prorrogar Almaraz

El departamento que dirige Sara Aagesen ha demorado dos semanas este paso después de que las propietarias de la planta extremeña formalizasen la petición el 30 de octubre. Este documento será preceptivo y además vinculante tanto si tienen carácter negativo o denegatorio de una concesión como si son positivos y establecen una serie de condiciones para permitir que la central siga operando.

El Ejecutivo deja así la pelota en el tejado del CSN, que es quien debe estudiar la posible extensión, «al objeto de que el Regulador pueda analizarla desde la perspectiva de la seguridad nuclear y emita su correspondiente informe», señalan desde el Ministerio, y emitirá un informe al respecto.

En concreto, es el CSN el que debe certificar que se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear para retrasar tres años el cierre previsto.

Mientras el Ejecutivo quiere esperar a recibir el aval de este organismo para dar el sí definitivo, fuentes del sector dan por hecho este paso ya que la central extremeña tiene permisos de seguridad en regla hasta 2030. No obstante, este plazo puede dilatarse hasta casi dos años. Según la normativa, la fecha límite es el 1 de septiembre de 2027, ya que el cese de actividad de la unidad 1 está previsto para el 1 de noviembre de ese año.

En paralelo a este proceso, este organismo también emitirá un dictamen sobre el procedimiento de cierre de acuerdo al calendario pactado entre las propietarias y el Gobierno en 2019 y que en el caso de Almaraz está fijado para 2027 en el caso del primer reactor y de 2028 en el del segundo.