España tiene dos años y medio para hacer llegar a sus beneficiarios más de la mitad de los fondos europeos

Según los datos del Observatorio 'NextGen' de LLYC, en la Administración General del Estado, de los 38.336 millones de euros comprometidos, se han resuelto convocatorias y licitaciones con una dotación de 30.552 millones (78,48% de lo comprometido) a 31 de diciembre de 2023, y se han adjudicado a beneficiarios finales 23.977 millones (un 34% de los fondos totales del PRTR inicial). En el caso de las comunidades autónomas, los recursos gestionados ascienden a 24.188 millones, mientras que el importe total adjudicado asciende a solo 8.600 millones de euros.

El análisis de la consultora alerta sobre la acumulación «significativa» de remanentes en la ejecución del Plan de Recuperación -fondos no adjudicados en convocatorias resueltas- que llegaría a 6.575 millones de euros solo a nivel de la Administración General del Estado. Si se extrapola a los fondos transferidos a las CCAA, LLYC calcula unos 5.205 millones de euros en remanentes autonómicos. En total, estos remanentes suponen un 16,7% de los fondos originales del Plan de Recuperación, que podría aumentar próximamente hasta un 20%, según este análisis.

Por tipo de beneficiario, al sector público se han destinado más fondos (un 45,07% del total de los fondos comprometidos) que al privado (un 40,13%, el resto se ha asignado a entidades mixtas). La limitación de los importes máximos de las convocatorias y un importe medio adjudicado de unos 30 millones en las licitaciones superiores a 5 millones de euros indican que las beneficiarias han sido mayoritariamente empresas de tamaño mediano y pequeño. De hecho, a la inmensa mayoría de convocatorias y licitaciones (con casi tres cuartas partes de los fondos) se han podido presentar todo tipo de empresas. También indica una gran atomización en la ejecución del PRTR, mientras que Francia e Italia, en comparación a España, han adjudicado importes muy elevados a sus principales beneficiarios, entre los que destacan entidades públicas.

En la presentación del Plan de Recuperación, en abril de 2021, el Gobierno central puso mucho énfasis en destacar el protagonismo que, en un país con una fuerte descentralización como es el caso de España, iban a tener las comunidades autónomas en la gestión de estos fondos europeos. La previsión era que las autonomías se hicieran cargo de la distribución de más del 40% de los recursos, sobre todo de los destinados a particulares y pymes. Los primeros tiempos hubo fuertes transferencias de fondos a las comunidades autónomas. Sin embargo, el ritmo de dichas transferencias ha ido decayendo en los sucesivos ejercicios y al final de 2023, con el 94% de los fondos iniciales ya comprometidos, el porcentaje que las comunidades están gestionando está bastante por debajo de la previsión inicial, ya que apenas supera el 36%, destaca la consultora. Las cuatro comunidades que han obtenido un mayor volumen de fondos en total -Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, que han recibido conjuntamente un 50,76% del dinero- son las que menos importe han logrado per cápita. En el reparto de los fondos, el Estado ha atendido especialmente el factor de la insularidad (Baleares y Canarias están entre las mejor financiadas per cápita) y de la despoblación (todas las comunidades interiores, excepto Madrid, superan holgadamente la media), según el informe.

Una novedad importante es la creación del nuevo Fondo de Resiliencia Autonómica, que contará con 20.000 millones de euros para préstamos que serán gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este dinero deberá destinarse a programas de las comunidades sobre vivienda social y asequible y regeneración urbana, transporte sostenible, competitividad industrial y de las pymes, investigación, desarrollo e innovación, turismo sostenible, economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos y transición energética.

Para lograr los desembolsos correspondientes, España tendrá que cumplir 179 hitos de reforma y objetivos de inversión adicionales, lo que supone un total de 595 hitos y objetivos entre 2021 y 2026. Si bien las nuevas reformas no suponen gran complejidad, explica la consultora, el alto número de objetivos de inversión pone un mayor énfasis en la necesidad de agilizar la convocatoria y resolución de fondos.

A nivel europeo, según datos de la Comisión Europea, se han desembolsado tan sólo 187.070 millones de euros de los 723.800 millones asignados. Hay gran disparidad entre los estados miembros respecto al cumplimiento de los compromisos, con Italia y Portugal en cabeza y en vías de solicitar su quinto desembolso. En total, se han realizado 535 reformas y 402 inversiones en todos los Estados miembros (15% de cumplimiento de sus planes nacionales iniciales). Tras la aprobación de todas las Adendas, quedan pendientes alrededor de 1.800 reformas y 3.500 inversiones por ejecutar.