La titularidad de la muralla lastra toda actuación práctica para su rehabilitación

Las murallas de Santo Domingo de la Calzada han sido siempre, al menos desde que se tomó conciencia de su valor patrimonial, un tema cíclico, arrojadizo. El hecho de que la mayor parte de su propiedad esté legalmente en manos privadas y que la parte que es municipal esté sujeta a servidumbres pesa como una losa sobre cualquier posible avance hacia los planes previstos para ellas, que, a grandes rasgos, se resumen en su restauración, puesta en valor y reordenación urbanística de la zona.

Mientras, a los muros no les salen telarañas, pero sí polémicas y grietas, porque cambian los gobiernos y, salvo algunas actuaciones, en los últimos años reducidas al papel, los restos del antiguo lienzo defensivo siguen viendo pasar el tiempo y demostrando, como mejor pueden, la robustez con que fueron construidos sus muros, aunque algunos amenazan con venirse abajo cualquier día.

Su restauración figura siempre en todos los programas electorales. También en los del actual equipo de Gobierno PP-Por La Rioja. «Hemos estado trabajando en el tema de las murallas sin descanso, manteniendo reuniones con algunas de las asociaciones que a día de hoy forman la comisión de seguimiento y explicando con exactitud el tema», dice el equipo municipal en una nota de prensa en respuesta a Muévete Santo Domingo, que les acusó de inacción. «También hemos mantenido llamadas telefónicas con gente experta en el tema para pedir consejo, además de mantener un contacto directo y real con la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja, con la cual hemos contactado por teléfono y correo electrónico, además de que estuvimos reunidos en Logroño el 13 de septiembre, precisamente para empezar a atajar este problema prolongado en el tiempo que presenta nuestra muralla», informa el Gobierno local, que añade: «Siempre hemos sido conocedores de la existencia de la subvención del 2% Cultural del Gobierno de España y, por eso, se ha pedido en tiempo y forma y con la documentación pertinente, utilizando los instrumentos legales para optar a su concesión».

Por todo ello, PP y PLR acusan a Carlos Barrón de «utilizar argumentos falsos y difamadores para sembrar la polémica y la división». El edil no tardó en devolverles los 'cumplidos'. Ayer mismo insistió, cosa que el equipo de Gobierno niega, en que este se reunió con Ayuela el 10 de octubre. La asociación aclaró ayer que, ese día, el historiador Francisco Javier Díez Morrás se reunió con el Ayuntamiento, pero «a título personal». Barrón también calificó de «calumnia» que el Ayuntamiento haya mandado toda la documentación, «ya que se solicita la declaración de propiedad pública de los inmuebles a actuar y el certificado de existencia de partida presupuestaria en este 2023 para la actuación, y esa documentación no existe». Ayuela también incidió ayer en ese gran «escollo» de la titularidad. En los últimos años se han dado algunos pasos, necesarios, pero que de poco sirven si la titularidad de las murallas no es pública. En mayo del 2022, la Consejería de Cultura licitó, por 39.831,08 euros, la redacción del proyecto de consolidación de tres torreones y dos lienzos en avenida de Burgos. También realizó catas arqueológicas. Antes, en 2018, el Gobierno de La Rioja aprobó el Plan director.