Los ecologistas calagurritanos apelan a la Audiencia Provincial por el 'caso del soto'

Ecologistas en Acción ha presentado en los últimos días un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial por la destrucción del soto del parque del Cidacos. Aunque el mes pasado el Juzgado nº 3 de Calahorra dictaminó el sobreseimiento de la causa, el colectivo no quiere cesar en su empeño de que se esclarezcan las causas por las que se arrasó el soto con 1.500 árboles, que como apunta en su recurso «el plan parcial como el proyecto de urbanización del sector Cidacos, con el parabién, por tanto, de la propia Administración municipal, contemplaban y exigían inopinadamente su conservación».

Pese a ello, Ecologistas en Acción recuerda que el «Consistorio no incoó ningún expediente sancionador» a la empresa 'Lázaro Conextran', encargada de urbanizar el sector y causante del derribo.

De hecho, revela que «la jurista responsable del área de Urbanismo de Calahorra, en declaración judicial, reconoció que no se siguió estrictamente el procedimiento sancionador» y que la sanción medio ambiental que se impuso a la empresa «se concibió como una medida de compensación medioambiental consistente en la colocación de plantones de menos de un año, actualmente muertos, a varios kilómetros del soto talado». Por tanto, el colectivo considera que el alcalde de Calahorra, Javier Pagola, pudo cometer un delito de prevaricación administrativa, «al no imponerle una sanción económica, que según marca la LOTUR pudo ascender a 300.000 euros».

Es por ello que el grupo ecologista se muestra «en el más absoluto desacuerdo» con el auto del Juzgado porque «en esencia viene a dar 'patente de corso' para que un alcalde decida si sanciona o no lo hace en función de su particular criterio, aplicando la ley a su capricho», subraya en una nota de prensa. Además, «supone que cualquier constructora puede destruir un bosque público y protegido sin que se le imponga multa ninguna, desoyendo lo que obliga la ley».

Por otra parte, Ecologistas en Acción considera que Pagola pudo cometer otro «trato de favor» hacia la empresa 'Lázaro Conextran' al permitirle la instalación de una hormigonera «ilegal» en el sector Cidacos. Un hecho que justifican los ecologistas tanto en la denuncia que recibió el Ayuntamiento por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Hormigón como en las declaraciones de la técnico de Urbanismo municipal. Al respecto y según exponen en el recurso, la funcionaria declaró ante el Juzgado «que la planta de hormigón empezó a funcionar sin licencia municipal... Que son hechos constitutivos de una infracción urbanística y que así lo consideró en su informe. Que la empresa no ha sido sancionada por esos hechos ni se ha abierto expediente sancionador».