Europa retrasa la votación sobre 'Chat Control': la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles

Este martes, tras varios intentos, el Consejo de Europa tenía previsto votar una normativa destinada a establecer controles para prevenir y combatir el abuso sexual de menores. Ese fue el argumento utilizado en su día por Hungría y Suecia, y que ahora ha retomado Dinamarca. Sin embargo, la propuesta ha vuelto a quedar en suspenso por su polémica aplicación, en lo que muchas organizaciones civiles califican como «matar moscas a cañonazos». El organismo comunitario se mantiene profundamente dividido.

La iniciativa, conocida popularmente como Chat Control, ya se presentó en 2022, aunque acabó aparcada. Este año, la presidencia danesa del Consejo de la UE la ha recuperado. En la práctica, el plan permitiría monitorizar todos los mensajes que se envíen en territorio europeo.

«La propuesta creará capacidades sin precedentes para la vigilancia, el control y la censura, y conlleva un riesgo inherente de desviación de funciones y abuso por parte de regímenes menos democráticos», denunciaron a mediados de septiembre más de 600 académicos de 34 países.

El reglamento, conocido como CSAM por sus siglas en inglés, impone a los proveedores de servicios de mensajería cifrada —como WhatsApp o Signal, entre otros— la obligación de impedir que se envíen contenidos pedófilos a través de sus plataformas. Para prevenir la comisión de este delito, las compañías deberían escanear las comunicaciones en busca de dicho material.

«Esta propuesta socava por completo las protecciones de seguridad y privacidad que son esenciales para una sociedad digital segura», advierten las organizaciones de la sociedad civil en una carta dirigida a los dirigentes comunitarios.

Según la redacción actual, las empresas deberán mantener un repositorio con los contenidos identificados como ilegales y utilizar algoritmos que detecten coincidencias con nuevos archivos. La propuesta se limita a imágenes y páginas web, aunque en versiones anteriores también se incluían «archivos de texto y audio». Sin embargo, los expertos advierten que «no es viable detectar material CSAM conocido o nuevo entre cientos de millones de usuarios con un nivel aceptable de precisión». «Una simple variación de dos píxeles bastaría para eludir ese control», añaden.

El texto plantea que «la revisión debe hacerse antes de encriptar las comunicaciones», lo que implicaría analizar los mensajes antes de que salgan del dispositivo del usuario. Esta medida, según los especialistas, contradice la propia definición del cifrado de extremo a extremo, ya que solo el emisor y el receptor deben tener acceso al contenido. Si un tercero puede supervisarlo, la encriptación deja de existir.

Esa puerta de acceso pondría fin a la confidencialidad de las comunicaciones privadas. El sistema podría modificarse con facilidad para emitir alertas no solo ante el intercambio de material ilegal, sino también por cualquier otro tipo de contenido, como memes o mensajes de carácter político. Además, al hacer accesibles las comunicaciones en algún punto del proceso, se abriría una nueva brecha que los ciberdelincuentes podrían aprovechar para infiltrarse en los mensajes.

«Las implicaciones de esta propuesta contradicen de forma clara los principios esenciales del cifrado de extremo a extremo y reducen la seguridad que este proporciona», advierten los expertos. «Su debilitamiento pone en riesgo el derecho fundamental a la privacidad y puede afectar seriamente a la integridad de los procesos democráticos y a la seguridad nacional, al comprometer las comunicaciones digitales confidenciales», añaden.

La propuesta iba a debatirse este martes, pero Alemania, que a última hora se sumó al bloque del «no», bloqueó la votación. Por el momento, Bélgica e Italia mantienen una posición indecisa, mientras que España respalda el contenido junto con once Estados más. Austria, Finlandia, Estonia, Países Bajos y República Checa han expresado su oposición frontal.