El polémico pacto Vox-PP en el Ayuntamiento de Madrid para informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo de un síndrome posaborto que ... no existe –acuerdo del que los populares se han desdicho dada la contestación suscitada– ha vuelto a teñir de dañina controversia algo que ya no debería estar en duda. Esto es, el derecho a decidir sobre la posibilidad de abortar dentro de los plazos fijados por la ley, a recibir la asistencia debida y a no ser señaladas por ello; una normativa fruto de un amplio consenso social y político de años ratificada por el Constitucional. Ello ni veta ni deslegitima los dilemas morales en un asunto tan sensible, pero sí impide que puedan imponerse al marco legal que regula el desgarro –transversal– que millones de españolas han afrontado a lo largo de la historia. El partido de Feijóo ha flirteado con una irresponsable ocurrencia alejada de lo legal y de lo socialmente admisible, impropia del primer partido del país. Que luego el Gobierno haya dado aire a una reforma constitucional hoy inviable sin el PP supone el enésimo intento de convertir lo importante en ocasión electoral. Unos y otros deberían repensar qué late bajo las 106.173 interrupciones del embarazo del último año y por qué siguen pareciendo vergonzantes para la sanidad pública que no se ocupa de las mismas.
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