Una PAC fuerte para las nuevas prioridades

Vivimos una aceleración de la triple crisis planetaria: la climática, la ecológica y la contaminación, a lo que se le suma la exigencia indiscriminada y aleatoria de aranceles a nuestros productos por parte de Estados Unidos. Ambas cosas afectan directamente al sector de la agricultura. La UE está llevando a cabo esfuerzos para contrarrestar el alejamiento comercial estadounidense con la consecución de acuerdos comerciales con socios fiables y afines. Sin embargo, ante este escenario voluble, resulta difícil justificar el recorte de más del 20% en el presupuesto destinado a la próxima PAC, aunque en términos reales la reducción pueda alcanzar los 155.000 millones de euros. Una disminución que también tendrá su impacto en las ayudas a la renta de los agricultores, que ahora se incluirán en la estructura de un fondo único que también contendrá las medidas al desarrollo rural. Con estos números, la propuesta pone en riesgo la seguridad alimentaria de los europeos y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las zonas rurales.

Se trata de un texto que, de no corregirse por los colegisladores, marcará un antes y un después en el camino de integrar en la agricultura los objetivos ambientales del Pacto Verde, del que se han venido distanciando los populares mientras se arriman con más intensidad y frecuencia a la ultraderecha negacionista y reaccionaria. Diluyendo el capítulo medio ambiental que se sacó adelante durante la pasada legislatura, la propuesta para la futura PAC se desentiende del principio de que un medio natural sano debe estar en la base de toda productividad agraria.

Será necesario que el Parlamento Europeo estudie estos aspectos de la propuesta de la Comisión, así como el de la concesión de mayor autonomía a los Estados miembros en la definición de sus estrategias nacionales, sin precisar qué instrumentos se utilizarán para desarrollarlas y cómo se justificarán. Hasta ahora, la rendición de cuentas de cada Estado se ha basado en la presentación de planes estratégicos nacionales, en los que se explica cómo se alcanzarán los objetivos y cómo se gastará el dinero. Después, la Comisión supervisa y verifica estos planes y coteja el gasto con los presupuestos asignados. Pero la estructura para la nueva PAC desmantela de facto la Política Agraria Común porque los Estados van a competir de forma individual por recursos limitados, generando incertidumbre y desigualdades entre países. Se trata de una medida contraproducente que lleva a menos integración y cohesión, y debilita el marco de decisión común en favor de una suma de soluciones estatales que amenazan al mercado único y al propio proyecto común europeo, algo que está en el objetivo de la extrema derecha a la que se rinden el PP europeo y español.

La PAC debe poner a disposición incentivos financieros, formación y asesoramiento, debe invertir en investigación e innovación para acompañar y apoyar al sector agrícola en la adopción de prácticas de producción que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y mayores estándares de bienestar animal, en consonancia con el enfoque «Una sola salud». Debe ser una PAC para todos, para grandes y pequeños productores, y que asegure la renta digna de los agricultores, sus ingresos y su nivel de vida.