Puigdemont reclama al Constitucional que suspenda la orden de detención emitida por el Supremo

En su recurso, el abogado Gonzalo Boye reclama a la corte de garantías que aplique la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat, suspenda la orden de detención que pesa sobre Puigdemont en territorio nacional, emitida por el Supremo y que le impide el regreso a casa sin riesgo a ser arrestado y enviado a prisión, y que derive el caso del Supremo al TSJC.

El letrado del dirigente secesionista mantiene en el recurso presentado que el Tribunal Supremo no es competente para aplicar la amnistía a Carles Puigdemont. El argumento que esgrime es que el líder de Junts es diputado en el Parlamento catalán y por tanto aforado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Alega además que los hechos investigados -el 1-O- sucedieron en Cataluña. Según Boye, el TSJC es quien debía haber tomado la decisión sobre si aplicar o no la amnistía a Puigdemont, ya que cuando entró en vigor la ley, el líder de Junts era diputado en el Parlamento catalán y no en la Eurocámara. En el entorno del expresident creen que el TSJC mantiene una posición más favorable a aplicar la norma que el Supremo en lo que se refiere al delito de malversación, porque ya hay algún precedente como el del exconsejero Miquel Buch. En el recurso, el letrado alega además una serie de vulneraciones de derechos.

El recurso va acompañado con la petición al Constitucional de que suspenda la orden de detención e ingreso a prisión dictada por el juez del Supremo, Pablo Llarena. El abogado del líder nacionalista reclama en este caso medidas cautelarísimas, es decir, de resolución inmediata.

En concreto, el expresidente de la Generalitat reclama al Tribunal Constitucional que ordene al Supremo que anule de manera urgente la orden de detención que aún está vigente contra él y que solo incluye el territorio español. Lo hace al amparo de «la democracia parlamentaria consagrada en la Constitución». La semana que viene, el martes, hay convocado un pleno del Constitucional. Podría admitir las cautelarísimas o resolver el caso cuando aborde el fondo del recurso. «Se pide la suspensión de la orden nacional de busca y captura, que plantea una afectación inmediata y de reparación imposible del derecho fundamental a la libertad, con una afectación directa al derecho a la libre circulación por todo el territorio de la UE, además del derecho a la participación política porque se trata de un parlamentario electo y en funciones», afirma el recurso.

«El riesgo de detención inmediata, sumado a la inexistencia de una condena firme y la gravedad de los derechos comprometidos, justifica, técnica y constitucionalmente, que se decrete sin dilación la suspensión del orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada contra el MHP Carles Puigdemont», afirma Boye en el escrito presentado ante el Tribunal Constitucional. La corte de arbitraje tiene ante sí una nueva decisión relevante, tras avalar, dividido, la ley de amnistía. La resolución que dicte la corte de garantías será clave, junto a la sentencia que emita el TJUE sobre la amnistía, para saber si el expresidente de la Generalitat puede cruzar la frontera.

En Junts llevan meses cargando contra los jueces del Supremo que no aplican la ley de amnistía. Los postconvergentes hablan de jueces prevaricadores pertenecientes a una mafia como la «toga nostra». El número 2 de Junts instó días atrás al Gobierno a instar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a que actúen contra Llarena y Marchena. En su escrito, Boye no se ahorra dardos contra los magistrados del Alto Tribunal, que a su juicio lideran una «estrategia de resistencia judicial a la aplicación efectiva de la ley de amnistía», que supone «una interferencia ilegítima del poder judicial en el ámbito de competencias del legislador». A su entender, «el Supremo se ha arrogado una función que no le corresponde: no aplicar una norma vigente cuya constitucionalidad ha sido explícitamente validada en la sentencia del TC, infringiendo así el principio de legalidad»

El Supremo, según el abogado de Puigdemont, hace «una interpretación judicial extensiva, no razonable y contraria al texto legal [de la ley de amnistía] y a su finalidad». El Alto Tribunal, en una resolución de hace poco menos de un mes, denegó la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación por el que está procesado. Llarena, en el mes de abril, falló que la ley de amnistía deja fuera el tipo de malversación por el que el expresidente está procesado.