El PP tumba con Junts y Podemos el decreto antiapagones y agua el fin de curso al Gobierno

Que la iniciativa saliera adelante, después de los durísimos discursos que los socios menos fieles del Ejecutivo habían desplegado desde la tribuna -y, en el caso de Podemos, ya ante las cámaras desde el pasado sábado- dependía del voto del primer partido de la oposición. Una abstención habría bastado para que los 'síes' superaran a los 'noes' (en los que hay que contar también el voto de Vox). Pero la tentación de evidenciar, una vez más, la debilidad parlamentaria en torno a Pedro Sánchez fue más fuerte para los de Alberto Núñez Feijóo incluso que las presiones de la industria energética, favorable a la norma. Fuentes del partido alegan que presentarán su propia proposición de ley con buena parte del contenido incluido en el texto y que confían en su aprobación.

El Ejecutivo todavía pone en valor que, pese a la «irresponsabilidad» de los populares, la jornada se salvará con tres nuevas leyes, la convalidación de otros dos reales decretos leyes y dos reformas del reglamento del Congreso. Se trata, en concreto, de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la modificación del régimen económico y fiscal (REF) canario para incentivar la construcción o compra de vivienda para dedicarla al alquiler habitual, y el cambio de la ley sobre responsabilidad civil y seguro de los vehículos a motor; de la actualización de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas y de incentivos fiscales para eventos culturales y deportivos, y de la introducción de un lenguaje inclusivo y una regulación del trabajo de los periodistas que contempla sanciones a «agitadores ultra» en la norma básica de la Cámara baja. A eso se aferró hoy, desde Montevideo, el propio Pedro Sánchez. «Son seis de siete», presumió.

Es cierto que no hay nada muy nuevo en lo sucedido hoy. Las votaciones salvadas o perdidas ‘in extremis’ han venido siendo la tónica habitual en los dos últimos años y, mal que le pese a PP, Sánchez resiste. El Gobierno da por hecho, incluso, que el decreto ley ‘antiapagones’ será convalidado si lo vuelve a llevar a la Cámara, como ha ocurrido con la Agencia Estatal de Salud Pública o el decreto ley ‘ómnibus’, pero ese tipo de jugadas no siempre le han funcionado. Ni lo logró con la reforma de la ley del suelo ni con los objetivos de deuda y déficit, antesala de los Presupuestos, tumbados hace un año por Junts (y el PP).

«Vamos a ver si vale la pena seguir igual. Está todo muy encallado» recriminaron los de Carles Puigdemont. La portavoz parlamentaria del partido, Míriam Nogueras, justificó su voto en contra de los anticipos con la negativa del Gobierno a permitir que los ayuntamientos hagan uso de su remanentes. Pero no ocultó que su rechazo al decreto energético tiene menos que ver con su contenido que con lo que considera que son incumplimientos de lo pactado en clave identitaria a cambio la investidura. En concreto, la formación reclama más presión a Alemania para que se acepte la oficialidad del catalán en la UE y que «hagan lo que tengan que hacer» para que se aplique ya la ley de amnistía.

Tampoco la actitud de Podemos invita al optimismo. De hecho, enturbia aún más la posibilidad de que este año sí pueda haber, por primera vez desde el 23-J, unas Cuentas públicas. De nada sirvieron los reproches de otras fuerzas de la izquierda. No ya de Sumar, con quien mantiene una relación hostil, tampoco de ERC o incluso de Bildu. «Este decreto no lo tumban ni PP ni Vox, ellos están donde siempre han estado, al lado del cortijo, lo tumban quienes se van a sumar al juego de cuanto peor mejor», recriminó Amador Marqués. «Instalarte en el no a todo y en el cabreo constante, aunque haya motivos para cabrearse –advirtió el portavoz republicano, Gabriel Rufián´– creo que es un mal negocio». Y Mikel Otero: « La realidad es que a quien se daña no es ni al Gobierno ni al oligopolio. En Euskalerría, es a la industria y a quien trabaja en ella»