El juicio del 'procés', dos visiones antagónicas sobre la misma realidad

Esos días se presentaban en el calendario marcados en rojo. Acusaciones y defensas estaban llamadas a echar el resto presentando las grabaciones que debían probar la violencia de la rebelión en el caso de la Fiscalía, los «tumultos» de la sedición para la Abogacía del Estado o la simple resistencia pacífica en el caso de los letrados de las acusados.

Sobre el papel parecía lógico, como en cualquier otro juicio penal, que las pruebas de acusadores y acusados fueran antagónicas. Pero sorprendentemente no fue así. Acusadores y acusados se sorprendieron mutuamente pidiendo exhibir en muchos casos exactamente los mismos vídeos sobre los incidentes durante la votación el 1 de octubre; el cerco de la muchedumbre a la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre; los discursos a la multitud de los implicados; o los incidentes en los allanamientos de la 'operación Anubis' de la Guardia Civil a la búsqueda del material electoral.

¿Cómo era posible que las imágenes que para el Ministerio Público o los servicios jurídicos del Estado eran sus principales pruebas de cargo fueran al mismo tiempo para las defensas sus más importantes documentos de descargo?

La explicación es tan simple como compleja. La inmensa mayoría de los hechos valorados durante estos cuatro meses de juicio son incontrovertidos para ambas partes. El relato que han realizado tanto las acusaciones como las defensas es coincidente casi en su totalidad. No ha habido apenas divergencias a la hora de presentar lo sucedido en esos convulsos meses de finales de 2017. El 'procés' fue un acontecimiento totalmente público, retransmitido en directo por los medios de comunicación y las redes sociales, y dejó un rastro documental en forma de imágenes, tuits y ruedas de prensa imposibles de contradecir.

Las divergencias entre 25 años de cárcel por uno de los más graves delitos contra el orden constitucional y la libre absolución vienen del relato que se hace por ambas partes de esos mismo hechos indiscutidos. Las diferencias irreconciliables vienen de la interpretación de lo ocurrido aquellos días y particularmente aquel 1 de octubre en los colegios electorales en los que intervino la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En esencia, donde la Fiscalía, en palabras del acusador Javier Zaragoza, vio el penúltimo acto de un «golpe de Estado» con un «alzamiento violento», el procesado Jordi Cuixart, presidente de la plataforma Òmnium Cultural, apreció el «mayor acto de desobediencia civil de Europa» y sin rastro de violencia.

Imágenes idénticas de incidentes en colegios de Sant Joan de Vila Torrada o Sant Cebrià de Vallalta o grabaciones de exactamente los mismos incidentes en la Escola Pia Sant Antoni o en la Escola Mediterrània de Barcelona han servido de armas arrojadizas desde ambos lados de la sala de vistas del Supremo.

El Ministerio Público ha utilizado los vídeos más duros del 1-O para acusar a nueve de los doce procesados de haber abocado a la ciudadanía a un enfrentamiento tan «violento» y multitudinario con las fuerzas de seguridad de Estado que causó 1.093 heridos (un millar de lesionados entre los votantes y 93 entre los funcionarios de la Policía y la Guardia Civil). Esos mismos vídeos (y las mismas cifras de ciudadanos lesionados) han sido exhibidos por los abogados de los encausados para tratar de demostrar que la única violencia fue la ejercida por las fuerzas de seguridad y que, salvo algún episodio esporádico, la reacción de los casi dos millones de votantes fue pacífica.

Lo mismo ocurrió en el otro gran escenario del juicio, los incidentes del 20-S frente a la Consejería de Economía. Ni unos ni otros ponen en duda los hechos. Unas 40.000 personas se concentraron aquel día frente a la sede impidiendo la llegada de los detenidos y la salida de la comitiva judicial. Las proclamas de los 'Jordis' desde los coches patrulla vandalizados de la Guardia Civil no admiten discusión porque fueron grabadas por infinidad de personas.

Pero sus palabras, para las defensas, prueban el interés de los dos líderes sociales por hacer llamamientos a la tranquilidad y controlar a las masas en ese acto de «protesta democrática». Las acusaciones, sin embargo, ven en esas arengas un acto de coacción para impedir el cumplimiento de una orden judicial. Visiones, de nuevo, irreconciliables sobre idéntica realidad.

Así las cosas, todas las fuentes del proceso consultadas coinciden en señalar que las divergencias sobre hechos concretos entre las partes se limitan a un puñado de cuestiones: las defensas no admiten la veracidad del documento 'Enfocats', incautado por la Guardia Civil a la mano derecha de Junqueras, en el que se fijaba la hoja de ruta hacia la república catalana y la existencia de un comité rector para conseguir la independencia; hay divergencias sobre si el Ministerio del Interior validó o no el plan de los Mossos de enviar a un único binomio a los colegios el 1-O; no hay acuerdo sobre si los agentes catalanes recibieron órdenes para desoír las peticiones de ayuda de la Guardia Civil el 20-S; o, entre otras cuestiones, hay discrepancias entre si existió malversación de dinero público cuando no se llegaron a hacer los pagos aunque se encargaran las campañas de publicidad del referéndum.