El ministro de Justicia, Félix Bolaños, hoy en el acto Metafuturo en el Ateneo de Madrid EFE

El Gobierno acata y sustituirá a García Ortiz pero explicita su rechazo al fallo

Sánchez sostiene que la democracia está «amenazada» y carga contra quienes pretenden «tutelarla y amordazarla»

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:00

La decisión del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado fue recibida este jueves con obvio malestar por el Gobierno, que hasta el ... último minuto había defendido su inocencia y llegó a esgrimir que no se había aportado «ninguna prueba» en su contra durante el juicio. En una declaración institucional, apenas dos horas después de conocerse el fallo condenatorio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, alegó incluso que es un «deber moral» del Ejecutivo decir que «no comparte» la resolución, aunque también aceptó que su obligación «legal» es «respetarla» y la acatará.

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Bolaños confirmó así que «en los próximos días», una se vez se publique la sentencia, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento del sustituto o sustituta de Álvaro García Ortiz, que será, dijo tan solo, «una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». El Gobierno dará este paso obligado por el alto tribunal, pero no se apea del argumento de que el máximo responsable del Ministerio Público, a quien se juzgaba por supuestamente revelar información sobre la causa por fraude fiscal contra el novio de Isabel García Ayuso que estaba obligado a proteger en función de su cargo, no ha hecho más que trabajar «en defensa de la ley y la verdad».

La tensión entre el Gobierno y cierta judicatura ha sido una constante en los últimos años y el propio nombramiento de García Ortiz fue objeto de controversia, sobre todo, después de su renovación, tras las elecciones de 2023, cuando el Supremo ya había dictaminado que incurrió en «desvío de poder» al promocionar a la categoría de fiscal de Sala, su amiga antecesora en el puesto, la exministra de Justicia Dolores Delgado.

Los socialistas consideran que esta, igual que la del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, o la de su hermano, el músico David Azagra, ha sido una causa política orquestada por una derecha que no se resigna a no estar en el poder. Y el hecho de que las dos únicas magistradas progresistas de la sala, Ana Ferrer y Susana Polo, discrepen del fallo no ha hecho sino echar más leña a ese fuego.

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En su papel institucional, el ministro de Justicia hizo un llamamiento a la contención. «La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España -remarcó- es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial». Pero en privado, el Ejecutivo bulle de indignación.

La sombra del 20-N

Ayer, entre los cargos del PSOE se repetían las alusiones a la coincidencia entre el varapalo judicial y el 20-N, aniversario de la muerte de Franco. El propio Sánchez -que con el juicio en marcha se atrevió a dictaminar que García Ortiz era inocente y «la verdad» se impondría- abonó ese discurso de manera premeditada en la presentación de la serie de ficción 'Anatomía de un instante', basada en el libro de Javier Cercas sobre el golpe de Estado del 23-F. «La amenaza sigue ahí. También nuestro deseo de neutralizarla, de defender la soberanía popular y la democracia frente aquellos que se creen -subrayó- con el derecho de tutelarla y amordazarla».

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Otros fueron más explícitos en sus expresiones. El ministro de Transformación Digital, líder de los socialistas madrileños y exjefe de gabinete de Sánchez en la etapa en la que se produjo la filtración juzgada, Óscar López, a duras penas ocultó su enojo «Me voy a morder la lengua y voy a ser prudente», dijo a pocos minutos de saber de un fallo que aún no había podido leer. Pero el portavoz parlamentario del grupo socialista, Patxi López, fue aún más lejos y tildó la decisión judicial de «auténtica vergüenza», sobre todo, adujo «conociendo lo que se conoce de todo el proceso»

El mismo Bolaños puso el foco no en si García Ortiz vulneró los derechos del novio de Ayuso revelando el contenido de un email de su abogado (algo que, de nuevo, los socialistas sostienen que no se ha podido probar) sino en el «derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz». Porque el Ejecutivo siempre ha esgrimido que lo único que hizo el fiscal general fue combatir un «bulo» puesto en circulación por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid para extender la idea de que esta estaba siendo víctima de una cacería política y no objeto de una causa justificada.

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El ministro se erigió así en defensor de periodistas, fiscales e inspectores de Hacienda y prometió estar «a su lado». «A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor y quiero decirles que este Gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho -dijo. a ejercerlo con garantías».

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