El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC

El Partido Popular, por su parte, quiere ahondar en la debilidad en el Congreso y reclama plenos extraordinarios por corrupción, incendios, inmigración, la quita de la deuda o el procesamiento del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Será este martes cuando la Cámara Baja decida si cita al presidente Pedro Sánchez y otros ocho ministros para dar cuentas sobre estos asuntos. Se volverán a testar así los apoyos con los que cuenta el líder socialista y el termómetro en el que se medirá la actividad parlamentaria en el comienzo del nuevo curso político.

Los independentistas, hueso duro de roer para la coalición de PSOE y Sumar, anuncian que ha llegado el momento de la verdad en su alianza. Será en el ecuador de la legislatura, en un momento de debilidad para Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y a sus antiguos estrechos colaboradores. «En otoño, puede que pasen cosas que no han pasado hasta ahora, porque ya hemos dado tiempo suficiente», advirtió el pasado martes Puigdemont desde el sur de Francia.

En su partido afirman que no fue un nuevo ultimátum, pero sí un aviso y que se acerca el momento de tomar decisiones sobre el futuro de la legislatura. Hay dos cuestiones claves en otoño que marcarán a Junts a la hora de decantarse sobre si rompe o no con el Gobierno: la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley de amnistía y la resolución del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el que Puigdemont pide que se ordene al Supremo que aplique la ley sobre el olvido penal. En paralelo, también habrá nuevos intentos del Ejecutivo para conseguir la oficialidad en la UE del catalán, gallego y euskera.

Puigdemont pidió «paciencia» a los sectores de su partido que le exigen que parta ya peras con Sánchez. Adujo que la reivindicación del catalán aún tiene «recorrido», pero al mismo tiempo situó en otoño el horizonte temporal de la prórroga que dio hace meses, tras enterrar la idea de que Sánchez debía someterse a una cuestión de confianza.

No obstante, al procesado en rebeldía por el 'procés' no le interesa dinamitar aún la legislatura por mero tacticismo. Su amnistía podría quedarse a medias y las reivindicaciones sobre el catalán y la delegación de las competencias de inmigración se quedarían en el tintero.

En cualquier caso, Junts juega con la ambigüedad. Durante la legislatura ha votado junto al PP y Vox en el Congreso. El expresidente de la Generalitat, en cualquier caso, valoró la labor del Gobierno en todo lo que hace referencia con el uso del catalán, en el Congreso, y en los intentos para que sea oficial en la UE.

ERC, que pone el foco crítico en la vicepresidenta María Jesús Montero, también celebró la decisión de aprobar la quita de una parte de la deuda de la Generalitat. A ERC tampoco le interesa que Sánchez caiga. Pero los republicanos, tras un año convulso a nivel interno –han tratado de cerrar las heridas de su proceso congresual, que apartó a los afines a la ex secretaria general Marta Rovira y reeligió a Junqueras–, intentan quitarse de encima el sambenito que les cuelga Junts de que son socios dóciles.

En este año de apoyo a Sánchez e Illa, Esquerra ha arrancado el inicio de un largo proceso para el traspaso de Cercanías y una propuesta de financiación singular para Cataluña, que creen que se ha quedado muy corta. Ven mucho margen para seguir negociando y para seguir apretando al Gobierno. Siempre desde la amenaza de que si no hay avances, los republicanos no se sentarán en la mesa de las conversaciones presupuestarias.

Tras perder el Govern y quedar como tercera fuerza en Cataluña, ERC trata de rehacerse y marcar perfil propio, alejándose todo lo que puede de los socialistas. «A años luz» de aprobar los Presupuestos, dijo Junqueras por dos asuntos. Consideran que la propuesta de financiación singular que pactaron el Gobierno y el Govern es insuficiente y apuesta porque la hacienda catalana asuma cuanto antes la campaña de la renta.

El acuerdo era que fuera ya en 2026. Pero el Govern ha retrasado la fecha a 2028 y ERC aprieta. Por ejemplo, reprende que la agencia tributaria catalana no tiene ni un solo informático y apenas varias decenas de inspectores de Hacienda. La contratación pública debe pasar de un cuerpo de funcionarios actual de 800 a 4.500, al margen de la infraestructura informática.

Otro frente político para Sánchez se dirimirá en la Diputación Permanente del Congreso. El único órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios de sesiones, que debatirá y votará este martes la citación del presidente, las dos vicepresidentas socialistas y otros seis ministros, todos ellos reclamados por el PP para que rindan cuentas sobre distintos asuntos antes de septiembre.

Los populares solicitan que Sánchez, por ejemplo, comparezca ante el Pleno para hablar de corrupción. También piden sesiones plenarias extraordinarias para tratar sobre los incendios forestales que han asolado varias provincias del noroeste peninsular, la situación de la inmigración, la quita de la deuda a las comunidades autónomas o el procesamiento del fiscal general.

Cada una de estas solicitudes dará pie a un debate entre los grupos parlamentarios y se someterá a votación en un órgano que reproduce la representación que tiene cada grupo en el Pleno de la Cámara Baja. El PSOE y Sumar no cuentan con mayoría, así que dependen del voto de los socios de investidura. De salir adelante las comparecencias aprobadas deberían sustanciarse antes de que termine esta semana, ya que el siguiente lunes es 1 de septiembre, día en que arranca el periodo ordinario de sesiones en el Congreso.-