La Diputación de Badajoz alega que la contratación de David Sánchez «ha sido impecable»

La institución provincial ha presentado este jueves las alegaciones a la providencia dictada por el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz el pasado 20 de enero. Este juzgado investiga la contratación y posterior desarrollo de funciones de David Sánchez como coordinador de actividades de conservatorios en 2017, un puesto que cambió a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022.

En esa providencia del 20 de enero la jueza ordenaba más diligencias, como la citación de nuevos testigos el 7 de febrero, solicitaba más documentación a la institución provincial y ordenaba a la UCO que volviera a examinar el vacío de mensajes en la cuenta de correo electrónico corporativa de la directora del conservatorio profesional Juan Vázquez entre junio y julio de 2017.

A esa provincia responde la Diputación afirmando que «los procedimientos administrativos han sido impecables» y que «nada parece indicar que nadie promoviera la creación de un puesto de trabajo destinado a ser ocupado por el hermano del que dos años después alcanzaría la Presidencia del Gobierno».

Entre la providencia del día 20 y la presentación de alegaciones este jueves, ayer se conoció un nuevo auto de la jueza en el que afirma que existen indicios de criminalidad y continúa con la investigación ordenando más diligencias. Aún debe decidir si existirá juicio oral o archiva la causa, pero en ese auto ya advierte: «Todo parece indicar que el puesto se creó para el señor Sánchez».

De hecho, en estas alegaciones, la Diputación hace referencia al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el que pide el sobreseimiento de toda la causa. Pero, como aún no es posible que se archive porque hay diligencias en marcha, lo solicita ya para que lo tenga por presentado «en el momento procesal que corresponda».

La Diputación de Badajoz defiende en todo momento que se actuó de forma legal y advierte que «no considera imprescindible la práctica de ninguna nueva diligencia puesto que de las ya practicadas hasta el momento no se desprende, a nuestro juicio, ningún elemento o atisbo de indicio que permitiera orientar la investigación hacia cualquiera de las conductas pretendidamente delictivas generosa y temerariamente imputadas por las acusaciones populares».

Incide en que «tras la incautación de las comunicaciones correspondientes a las cuentas de correo electrónico de catorce personas durante siete años, no se ha podido localizar ninguna comunicación que permita atribuir algún interés especial en otorgar un trato privilegiado al señor Sánchez Pérez-Castejón». E insiste: «del examen exhaustivo de dichas comunicaciones, cuya incautación continuamos considerando desproporcionada y no ajustada a derecho, nada parece indicar que nadie promoviera la creación de un puesto de trabajo destinado a ser ocupado por el hermano del que dos años después alcanzaría la Presidencia del Gobierno de la Nación».

La institución afirma que la creación de la plaza fue «una decisión gubernativa, del equipo de Gobierno», en una respuesta a la pregunta que dejó el informe de la UCO. En su atestado tras analizar los correos, la Guardia Civil dejó escrito que no podía aclarar de quién había partido la iniciativa de su creación.

Tras presentar los documentos que se la ha requerido, la institución afirma que «los procedimientos seguidos resultan impecables desde el punto de vista administrativo y no difieren de cualquier otro seguido para la creación o modificación de puestos en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Diputación o la provisión de los puestos de directivo profesional configurados en la misma».

En un documento de cinco páginas, añade que «no alcanzamos a distinguir qué diferencia especialmente el puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música más allá del hecho de que el citado puesto fuera finalmente ocupado algo más de ocho meses después por un ciudadano que tenía los apellidos de Sánchez Pérez-Castejón».

Por todo esto, la Diputación no pide nuevas diligencias y, además, no considera necesaria que se desarrollen más. «La práctica de nuevas diligencias resulta innecesaria pues solo servirían para ratificar lo ya actuado y conllevaría la dilación del proceso y el mantenimiento de la pena de banquillo y/o telediario para todas las personas honorables y respetables que se han visto inmersas en esta causa».

Además, como ya se ha indicado, reclama el archivo de toda la causa, pero como aún hay diligencias en marcha y por tanto no puede sobreseerse, realiza la petición para cuando la jueza pueda adoptar esa decisión.