Los retrasos del contrato de Ayuda a Domicilio provocan pérdidas salariales a 376 empleadas
La subida del 8% en 2023 y del 3% hasta 2026 por convenio dependía de la adjudicación de un servicio que este año ha supuesto dos millones menos de lo previsto por el Consistorio
Todos los hechos tienen causas y consecuencias, y la demora en la contratación de la nueva Ayuda a Domicilio por parte del Ayuntamiento de Logroño ... a lo largo de este 2024, pese a que las causas puedan resultar imprecisas, ha provocado unas consecuencias muy concretas con unos claros perjudicados: los trabajadores del citado servicio, trabajadoras en su mayoría, casi 380 divididas en los tres lotes que lo componen.
Un perjuicio, que en su caso, se traduce en dejar de percibir las mejoras salariales introducidas en el último convenio, que en la capital de La Rioja estaban condicionadas a la entrada en vigor del nuevo servicio, cuya licitación se llevó a cabo en el verano de 2023 (dando curso al procedimiento administrativo en marcha el pasado mandato). Cuantías de entre 1.150 y 1.660 euros según los cálculos estimados por la plantilla (atendiendo al salario base con algún domingo y festivo y un trienio de antigüedad, aunque en no pocos casos son muchos más).
A SABER
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El coste de la Ayuda a Domicilio Los datos oficiales registran que mientras el Presupuesto Municipal de 2024 incluía una partida de 10,6 millones para hacer frente al nuevo contrato, con sus retrasos y sus dos 'continuidades' la cuantía finalmente abonada será de 8,6 millones (dos menos a los que se ha sumado un 'sobrante' de más de 400.000 euros).
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Incrementos salariales previstos El nuevo contrato, según se dijo, atiende a los incrementos salariales previstos en el convenio colectivo de trabajo para la actividad de 'Servicios de Ayuda a Domicilio de La Rioja' vigente de 2023 a 2026 (del 8% en 2023 y 3% sucesivamente hasta 2026, estableciéndose una paga compensatoria para adjudicaciones en los años posteriores como pago único y no consolidable por 500 euros en 2024, 800 en 2025 y 1.000 en 2026).
Así lo pone de manifiesto Inmaculada Rubio, representante sindical de UGT y presidenta del comité de empresa del Lote 2, cuya adjudicataria es Servisar Servicios Sociales, quien precisa que la paga compensatoria de 500 euros para paliar tal pérdida, contemplada durante las negociaciones, no ha sido suficiente para mejorar unas retribuciones que apenas llegan al salario mínimo interprofesional.
Desde UGT se cifra la cuantía que han dejado de percibir entre los 1.150 euros de los lotes 1 y 2 y los 1.660 del 3
Tres años más prórroga
El expediente de contratación se remonta a agosto de 2023 con la intención de que pudiese ponerse en marcha con las nuevas condiciones antes de fin de año, enero de 2024 a más tardar (en el último trimestre de 2023, según los sindicatos). Un contrato para tres años (con posibilidad de una prórroga anual) dividido en tres lotes (con las zonas de servicios sociales en que está dividida la ciudad) y por valor de 34,9 millones de euros, un 20% más de presupuesto con dos objetivos prioritarios tal y como se anunció: llegar a más destinatarios y mejorar los salarios de los trabajadores.
Sea como fuere, mientras los lotes 1 y 2 siguieron su curso, pese a una tardanza de hasta seis meses a la hora de «elaborar el informe técnico», el 3 tuvo que ser paralizado desistiendo del mismo en noviembre por un «error en el listado de subrogación». Ello se vio traducido en que mientras la adjudicación de los dos primeros no pudo hacerse efectiva hasta mayo de 2024, la del tercero no ha sido posible hasta el pasado octubre, formalizándose por tanto casi 11 meses después de su licitación el 1 y el 2, y quedando el 3 pendiente un año y dos meses después, y ello sin contabilizar que hay riesgo que no poderse llevar a cabo por un recurso. Ello ha llevado a la concejala delegada del ramo, Patricia Sáinz, a adelantar que previsiblemente se apruebe una segunda prima de compensación para esas 130 trabajadoras del lote 3 (que llevan desde julio cobrando menos que las 156 y las 90 de los lotes 2 y 1).
Desde el PSOE, vigilantes, se denuncia que, además, presupuestariamente, tales retrasos se han visto reflejados en que de los 10,6 millones consignados para este año, finalmente, y con «continuidades» incluidas, se han gastado solo 8,6; es decir, dos millones menos, que el PP «ha ahorrado para poder cuadrar las deficiencias del Presupuesto 2024», y que tanto están dando de qué hablar en los últimos plenos.
El PSOE denuncia el «ahorro presupuestario» y el PP se ciñe al «procedimiento administrativo»
El PSOE, «en vista a las modificaciones o transferencias de crédito de los últimos plenos sacando dinero de Servicios Sociales con destino a otras partidas para conseguir cuadrar un presupuesto que desde un principio nació con esta tara», no duda en hablar de «ahorro presupuestario», y además, «planeado». Así, según denuncia el concejal Iván Reinares, «el equipo de gobierno de los mayores alargó, por decisión política, todos los plazos de licitación del servicio de Ayuda a Domicilio». «El contrato estaba previsto que entrase en vigor en enero, y entraron dos lotes en julio y un tercero lo hará a partir de noviembre, lo que ha supuesto más de dos millones de euros de ahorro presupuestario con el que cuadrar el resto», critica.
Desde el ejecutivo municipal, por su parte, Patricia Sáinz resume la situación asegurando que «los procedimientos administrativos son los que son», y a la primera paga compensatoria recibida por las trabajadoras, dado el retraso, podría añadirse una segunda en caso del lote 3, el más perjudicado. «Como Ayuntamiento estamos sujetos a los procedimientos administrativos, somos respetuosos y cautelosos al respecto, y para nada se ha retrasado por cuestión de ahorro pues el dinero estaba en la caja», explica dejando claro que «la parte política no debe injerirse en la administrativa». Así, según aclara, el proceso, primero por error y ahora por un recurso –que se estudia si ha entrado en plazo o no–, se ha demorado más de la cuenta en caso del lote 3, mientras que en los lotes 1 y 2 no hay que olvidar que se trata de un servicio de casi 35 millones de euros con un pliego complejo.
De ahí que la actual responsable de Servicios Sociales se rebele ante tales críticas, con un Reinares que no se calla: «Todo esto lo han hecho sin pensar en las mejoras y beneficios que la entrada del nuevo contrato traía para los usuarios del servicio, y mucho menos en las de su personal».
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