La trama navarra de la exdecana que la relacionó con Roldán

María José Rubio Pérez (San Sebastián) trabajaba entonces como funcionaria habilitada en la delegación del Gobierno en Navarra, un tiempo en el que la psicóloga recaudó más de 1.000 millones de pesetas (algo más de 6 millones de euros) de empresarios navarros ligados al mundo inmobiliario y de la construcción. Les explicaba que sus aportaciones eran necesarias para hacer frente a la lucha contra ETA ante el retraso en llegar de los fondos reservados y les garantizaba suculentos intereses que en algunos casos alcanzaban el 50% del dinero desembolsado. Inicialmente cumplía lo pactado, empleaba el dinero que unos le prestaban para reintegrar a otros, hasta que no pudo devolver 119 millones de pesetas que se había comprometido a abonar. Así actuó hasta 1993, hasta que la prensa destapó el enriquecimiento ilícito de Luis Roldán, quien también había sido delegado del Gobierno en Navarra de 1982 a 1986.

No obstante, el caso, bautizado como 'el de la habilitada', salió a la luz pública raíz de la denuncia de uno de los industriales a los que había recurrido para pedir dinero. Este mismo industrial acudió a Madrid a que le devolvieran su aportación y el Ministerio de Interior informó de este hecho al entonces delegado del Gobierno en Navarra, Pedro Luis Ruiz de Alegría, quien denunció los hechos en los juzgados de Pamplona. Durante la investigación, según publicó entonces Diario de Noticias, la exdecana cargó tinta contra sus superiores y apuntó a Roldán como máximo responsable de la red de estafas que en 1999 acabó en condena para la donostiarra, aunque no aportó pruebas concluyentes contra el exdirector de la Benemérita.

Sin embargo, en el proceso entraron José María Gil Oslé, esposo de la habilitada y condenado después por estos hechos, y Mariano Berduque, exsecretario general de la Delegación, que fue absuelto. También estos descargaron responsabilidades contra sus jefes, entre ellos, Roldán, aunque la investigación concluyó sin que fuera posible la implicación del exdelegado en la trama de cientos de millones de pesetas en préstamos de empresarios para la lucha antiterrorista.

Durante la vista oral en la Audiencia Navarra, Rubio Pérez diseñó un panorama de irregularidades e ilegalidades en el desarrollo diario de la Delegación del Gobierno, especialmente con una cuenta de protocolo, que empleaba en su trama, sobre la que tenía autorización gracias a su condición de habilitada y que al igual que años atrás, en la etapa de Roldán, estaba siendo utilizada ilegalmente. Precisamente por este uso ilícito fueron condenados los exdelegados Luis Roldán y Jesús García Villoslada.

Curiosamente, el 'caso de la habilitada', o de la Delegación del Gobierno navarra, ocupó parte de la historia de ETA escrita por la propia banda terrorista. En un documento incautado a la organización criminal, en la referencia que hace sobre el 11 de abril de 1995, los terroristas destacaban de ese día la dimisión de Juan Cruz Alli como «lehendakari del Gobierno de Nafarroa», que dejaba UPN y se afiliaba en Convergencia de Demócratas Navarros. Pero también señalaba textualmente que «Mariano Berduque y José Manuel Gil son procesados en el caso del fraude de la Delegación del Gobierno en Nafarroa».