La superpoblación de fauna pone en jaque al campo riojano ante la llegada de la primavera

Eduardo Pérez Hoces, presidente del sindicato agrario ARAG-Asaja, reclama «medidas extraordinarias»: «Cereales, almendros, hortalizas de invierno, cortezas de frutales, yemas de viña, incluso cepas enteras hasta que las secan..., el problema es tremendo y más cuando en breve van a comenzar a brotar nuestros principales cultivos, por lo que puede ser un desastre». Perez Hoces señala que «históricamente ha habido problemas con los animales, pero ahora se han extendido por toda la región, sobre todos los conejos, aunque también jabalíes y corzos, lo mismo en La Rioja Baja que en la Alta, con lo que estamos ante una situación sin precedentes».

ARAG-Asaja ya ha planteado a la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica -que ha asumido medio ambiente con el nuevo ejecutivo- una modificación urgente de la Ley de Caza para flexibilizar más los cotos y, sobre todo, permitir el acceso a cazadores de otros si los titulares no son capaces de controlar la población: «El Gobierno está de acuerdo en estudiar estas medidas para modificar la Ley de Caza, así como la mayoría de partidos políticos, pero nos tememos que tarde demasiado tiempo la tramitación y tengamos graves problemas durante esta inminente campaña», explica el presidente de ARAG-Asaja.

«Estamos en una situación excepcional -continúa- y para ello hay que tomar medidas excepcionales». En este sentido, reclaman que se actúe vía decreto como en Aragón, dado que tampoco los seguros agrarios solucionan el problema: «Los daños por fauna van incluidos en las pólizas, pero, tras el primer siniestro y con una elevada franquicia, la indemnización se reduce al 75% el segundo año, al 50%, el tercero y desaparece en el cuarto», explica Pérez Hoces.

La propuesta principal es obligar a los cotos a garantizar el control de la población y, si no lo consiguen, autorizar que escopetas ajenas a los mismos puedan actuar. Patricia Ilundain, directora general de Biodiversidad del Gobierno riojano, confirma que «sí estamos trabajando en una revisión de la Ley del Caza en ese sentido de responsabilizar a los cotos del mantenimiento de la población, pero también es cierto que la entrada de otros cazadores lo debe autorizar el titular».

Ilundain admite que hay un problema importante con los conejos y, en menor medida, con la caza mayor, aunque señala que ya se está actuando: «Hemos autorizado 41 ganchos (hasta 25 escopetas) extraordinarios y vamos a seguir haciéndolo para cacerías de jabalí, mixtas de jabalí y corzo y también de ciervo». «También hemos flexibilizado y ampliado las fechas de temporada de corzo y jabalíes, por lo que somos conscientes del problema».

En este sentido, ocho de las batidas extraordinarias se han autorizado en el Tirón, seis en La Rioja Baja, cuatro en Santo Domingo de la Calzada, cinco en los Obarenes, tres en el Alto Oja y otras tantas en Logroño y en la comarca Leza-Cidacos, dos en Moncalvillo y una más en la sierra central, lo que da una idea de la extensión de la población de jabalíes y corzos por el conjunto de la geografía riojana.

Los castores fueron introducidos en La Rioja y Navarra de forma ilegal hace ya más de una década supuestamente por un grupo ecologista alemán -que sostenía que el castor europeo había sido erradicado del valle del Ebro por la presión humana y la destrucción de su hábitat- y la población ha ido aumentando y extendiéndose también por Aragón.

El problema es que el castor europeo es una especie protegida ahora mismo por las autoridades comunitarias y tampoco hay en la zona un depredador natural. Daños en frutales y en otros árboles son patentes en zonas de la ribera riojana, como en Alfaro, y en la navarra, aunque también hay poblaciones en Haro, en el Iregua y en las Siete Villas. Consciente de que la protección de la especie impide su caza, ARAG-Asaja reclama «medidas compensatorias ante los daños como cuando los ganaderos sufren ataques de lobos».