Los sobrecostes y retrasos, de lo más habitual en la obra pública en La Rioja

La primera de ellas, la Ronda Sur, con el gigante del Ibex Acciona como investigado y sospechoso de formar parte de la trama que vincula a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo. Acciona fue adjudicataria de las obras, aún en curso, con la oferta más barata pero ha acabado siendo la más cara por los sobrecostes, que han llegado hasta el 20%, el límite tolerado tras la crisis de materiales con la guerra de Ucrania.

La otra gran obra 'riojana' en curso y vinculada al mismo entramado es la parte de la A-12 entre Santo Domingo y Villamayor del Río (Burgos), adjudicada a una UTE liderada por Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), firma propiedad del empresario José Ruz, a quien la UCO vincula también como conseguidor de Ábalos en la 'trama valenciana'.

La adjudicación de la UTE de LIC es diferente a la de la Ronda Sur a Acciona, ya que su oferta económica no era de las más baratas –fue la 14 de las 19, aunque también con una rebaja importante del precio de salida– pero su proyecto sí resultó elegido por otros criterios del pliego del concurso. La adjudicación (en diciembre de 2019) fue por 72,5 millones de euros y, según las previsiones, va a acumular un retraso en la ejecución de al menos tres años. Aunque para retrasos, y sobrecostes, los de los otros tres tramos de la A-12 en territorio burgalés. Ninguno de ellos ha sido adjudicado, pero, sobre presupuestos y con las diversas actualizaciones, van a ser al menos 200 millones de euros más caros tras 25 años de promesas incumplidas.

Algo similar ocurrió con la presa de Enciso, que fue adjudicada en 1996, pero no se terminó hasta 2017. Los 35 millones que iba a costar inicialmente se convirtieron finalmente en 91, es decir, 56 millones más.

Similar tramitación está siguiendo la variante de alta velocidad ferroviaria de Rincón de Soto, cuyo proyecto original se presupuestó en 38 millones pero, tras caducar el estudio ambiental, se ha acabado licitando por 88, es decir, por 50 más. También el soterramiento en la ciudad de Logroño, según el Tribunal de Cuentas, ha tenido un sobrecoste de 233 millones de euros y más que notable fue también el del Hospital San Pedro que, presupuestado en 78 millones, acabó costando 116.

Según la Asociación de Constructores Independientes (ANCI) –la Asociación de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja no quiso hacer ayer declaraciones sobre el tema–, el sobrecoste medio acumulado en las obras en ejecución en los tres últimos años, derivado del incremento de precios de los materiales y la energía a raíz de la pandemia y la guerra de Ucrania, oscila entre un 12% y un 22%, alcanzándose máximos de hasta el 29%. De hecho, más de un centenar de obras públicas, regionales y locales, quedaron inicialmente desiertas entre 2022 y 2023 por la crisis de los materiales, hasta que se autorizó un 20% de incremento por dicho motivo.

Sin embargo, el sobrecoste es un fenómeno que ha convivido históricamente con la obra pública española. Un estudio de Transparencia Internacional y el Observatorio de Contratación Pública, de antes de la pandemia, apuntaba a la corrupción, la opacidad, los problemas técnicos y la inseguridad jurídica como principales causas de los sobrecostes en la obra pública y daba varios ejemplos: Terminal T4 (Barajas), más de un 500%; Ciudad de las Artes (Valencia), 316% más; Túnel de Pajares (258%); Ciudad de la Cultura (Santiago), 218% más... y así una larga lista por todo el país. La historia interminable.