La Rioja tiene 'pocos' empleados públicos: es la tercera comunidad con menor porcentaje, el 14,2%

Algo más de 21.000 trabajadores, ya en cifras absolutas, tienen una nómina que depende de la Administración: en la Comunidad Autónoma de La Rioja son en torno a 16.000 empleados; en la Administración General del Estado son unos 3.000, y en los ayuntamientos trabajan unos 2.600. De ese número global, más de 12.500 son mujeres y más de 8.500 hombres, aunque estos son mayoría en las entidades e instituciones que pertenecen al Gobierno central.

Hace un año, el dato de empleados públicos se elevaba hasta los 24.200, también según la EPA, y el porcentaje de trabajadores ocupados en las administraciones era del 16,9%. «Ha habido en los últimos meses diferentes procesos de estabilización y ese personal ha pasado de temporal a indefinido», señala Fernando Domínguez Santamaría, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. De hecho, al cierre del primer trimestre de 2025 el personal indefinido era del 72,8% y un año antes se quedaba en el 65,4%.

Pero la principal explicación que encuentra el dirigente sindical para argumentar esta pérdida de empleados públicos es el «elevado número de jubilaciones al que hemos asistido también en los últimos meses». La Administración en La Rioja peina cada vez más canas «y es un grave problema, que desde UGT ya venimos hace tiempo denunciando».

La falta de relevo generacional también preocupa en la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), aunque su presidente, Jesús Vicente Hernández, discrepa de las cifras «porque en las últimas elecciones sindicales que hubo a finales de 2023 –en las administraciones públicas– las cifras de funcionarios eran muy inferiores, en torno a los 18.000». Quizá, añade, «se incluyen altos cargos, puestos de libre designación, personal de empresas públicas... Pero trabajadores al servicio de la ciudadanía no hay tantos ni mucho menos». Es más, Hernández tiene claro que «en La Rioja necesitamos más número. Se está viendo en los últimos tiempos que la atención ha empeorado».

Al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con un porcentaje de empleados públicos por encima del 40% y del 30% respectivamente, hay otras comunidades que superan de largo a La Rioja en proporción. Por ejemplo, Cantabria, que según la encuesta del INE tiene 53.500 trabajadores de la Administración y una proporción del 20,4%, cuando es la segunda región menos poblada.

Las regiones vecinas de Navarra y País Vasco también tienen tasas más altas de funcionarios a pesar de que cuentan con sectores productivos también potentes como puede ser la industria. «Y son también una competencia para las administraciones públicas de La Rioja», coinciden Santamaría y Hernández.

El secretario general de UGT-SP propone «agilizar los procesos de selección, ser más eficaces y hacer más accesible el acceso a la función pública. Ahora se pierde un tiempo enorme y eso genera incertidumbre y cansancio». Hasta el punto de que «si hay convocatorias en otras comunidades, la gente también se presenta y si consigue plaza se va». En este sentido, el presidente de CSIF cree que «no nos podemos permitir el lujo de perder talento y buenos profesionales por falta de agilidad».

Porque la competencia desde el punto de vista de retribuciones económicas parece perdida «y con algunos modelos de financiación autonómica que se están ahora aprobando –en alusión al catalán– La Rioja no va a poder estar a la altura», añade Hernández. «Aquí hace falta un pacto de Estado en los servicios públicos y hablo de sanidad, educación, justicia... para tener todos las mismas oportunidades».

Santamaría, por último, cree necesario que «se elimine la limitación de la tasa de reposición recogida en los Presupuestos Generales del Estado». Porque en los últimos meses «la destrucción de empleo público –por jubilaciones sobre todo– está siendo más rápida que la creación de puestos de trabajo».