La Rioja pagará 8 veces más por su deuda en seis años

La Rioja pagará 42 millones de euros en intereses por su deuda en 2028, lo que supone ocho veces más que en 2022, cuando se pagaron desde la comunidad 5 millones, siempre que su deuda con el Estado o con el mercado privado no sea condonada o pagada.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes una nota de prensa en la que estima que el volumen total del importe de la deuda en 2028 en la comunidad riojana sea de 1.798 millones de euros, 184 millones más que en 2022, con una deuda cifrada entonces en 1.615 millones.

Las comunidades autónomas pagarán 11.789 millones de euros en intereses por su deuda en 2028, lo que supone triplicar el coste de 2022, cuando pagaron un total de 3.608 millones de euros, siempre que su deuda con el Estado o con el mercado privado no sea condonada o pagada.

Según Fedea, las autonomías triplicarán en 2028 los recursos que dedicaban en 2022 a pagar los intereses.

Cataluña, con un gasto en intereses de 2.822 millones de euros; la Comunidad Valenciana, con 1.926 millones; Madrid, con 1.585 millones; y Andalucía, con 1.357 millones (siempre en 2028 y si no hay condonación o pago de deuda) serían las que más gastarían en términos absolutos en pagar intereses.

«El gasto en intereses de las comunidades autónomas se incrementaría hasta los 11.789 millones de euros en 2028 desde un valor de 3.608 millones de euros en 2022. Esto supone más que triplicar los recursos» y obedece tanto al aumento de los tipos de interés como al elevado volumen de deuda.

Las proyecciones parten de una serie de supuestos anclados en previsiones oficiales del Gobierno de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) sobre la evolución del PIB y de los saldos presupuestarios autonómicos y en la última información estadística disponible (del Tesoro y el Banco de España), dice la nota.

«A la vista de nuestros resultados, las autonomías deben calibrar con mucha prudencia las políticas fiscales expansivas que puedan estar contemplando».

«Estas administraciones han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales», concluye Fedea.

«Desde Fedea, al igual que desde AIReF y del Banco de España, llevamos más de cuatro años sugiriendo que las comunidades autónomas deberían diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de sus cuentas», añade.

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