La primera meta volante de Capellán

Más allá de los latiguillos habituales de unos y otros, se trata de la primera meta volante del Ejecutivo y una buena ocasión no solo para examinar el cumplimiento de su programa electoral, sino para debatir si ese programa está siendo beneficioso o no para la comunidad autónoma. ¿Son eficaces las ayudas directas e indiscriminadas para los autónomos?¿Y la ayuda para los padres que llevan a sus hijos al Bachillerato en centros privados? ¿Hasta qué punto cumplen su misión las subvenciones a la destilación de vino? La oposición progresista tendrá ocasión de rebatir estas cuestiones, aunque el PSOE medirá sus palabras para no desairar a un electorado (autónomos y agricultores) al que también corteja. Más sencillo lo tendrá a la hora de denunciar la situación sanitaria, sobresueldos incluidos, aunque en este punto serán inevitables los reproches cruzados.

En el debate sobre la zonificación única o la división de Logroño en distritos se enfrentan dos criterios de difícil armonización: PP y Vox defienden la libertad total de los padres de matricular a sus hijos en el colegio que deseen (o al menos en el que les den plaza), mientras que PSOE e IU apuestan por intervenir en la escolarización para evitar la creación de guetos y la segregación del alumnado según el poder adquisitivo de sus familias.

En el caso del cheque de Bachillerato se añade, además, otro componente: el reparto de subvenciones con dinero público. El PP no esconde que su intención última es concertar toda la educación de 0 a 18 años, incluyendo las etapas no obligatorias (de 0 a 3 y de 16 a 18). El debate es mucho menor en el caso de la primera fase de la educación infantil, ya que las antiguas guarderías no solo cumplen una labor educativa, sino que también facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero ese segundo objetivo social desaparece en el caso de los alumnos mayores de 16 años.

Hasta la fecha, el Bachillerato solo está concertado en Jesuitas, en virtud de una sentencia judicial que venía a cerrar un antiguo conflicto. La decisión del Gobierno regional de restaurar y ampliar la subvención que hasta 2019 se concedía a los padres que llevan a sus hijos a cursar el Bachillerato en colegios privados ha levantado polvareda y seguirá haciéndolo. Se trata de una ayuda directa de 80 euros al mes, sin distinciones de renta, de la que podrían beneficarse más de 700 estudiantes.

Sanidad es probablemente la piedra con la que más veces ha tropezado este Gobierno en su año largo de existencia. Los sobresueldos que han cobrado algunos dirigentes del Seris por compaginar su labor administrativa con la asistencial, explicados por el «plan de choque» contra las lilstas de espera, han rozado en algún caso la ilegalidad. El PSOE reveló que el entonces gerente del Seris, Jesús Álvarez, había estado a la vez trabajando (y cobrando) como anestesista, quebrando de esta manera el sistema de incompatibilidades que marca la ley para los altos cargos. El Gobierno lo resolvió discretamente con un ajuste en su organigrama y con el fichaje de otro director para el Seris, al tiempo que se excusaba por la necesidad de acelerar el ritmo de las operaciones. Sin embargo, ni siquiera con la mejor de las intenciones puede uno esconderse de la ley y este asunto se ha vuelto visiblemente incómodo para la Consejería de María Martín.

El regreso al concierto con hospitales privados también ha levantado las iras de la izquierda, que sospecha intenciones mercantilistas. El Gobierno, sin embargo, replica que al ciudadano no le importa tanto la titularidad del hospital como que se le atienda pronto y en condiciones. La sanidad seguirá protagonizando debates incandescentes, animados cada vez que vuelva a registrarse un colapso en Urgencias.

Salvo para los muy fans, la primera propuesta de Óscar Puente –otro tren a Madrid, más lento y por Miranda– resultaba a todas luces insuficiente. En todo caso, podría servir de complemento si al mismo tiempo se habilitaba un nuevo servicio ferroviario que fuera por Calahorra, invirtiese menos de tres horas y llegara a la capital a una hora razonable. El anuncio derivó en un choque por Twitter, pero las aguas no llegaron a desbordarse y quedaron definitivamente encauzadas durante una visita de Óscar Puente a Logroño. «Es un ministro que cuando pisa el terreno sabe entender lo que hay», lo definió Capellán en una entrevista publicada el 30 de junio por este periódico. Todos los grupos parlamentarios comparten el diagnóstico –La Rioja sufre un lacerante déficit en infraestructuras–, aunque discrepen en las prioridades y en las estrategias. El buen clima entre el Gobierno riojano y el Ministerio de Transportes queda ahora pendiente de que Puente cumpla sus compromisos: en noviembre el tren a Madrid por Miranda y Valladolid; y el año que viene un servicio más rápido, quizá dos, con la capital de España por Calahorra.

Aunque se mejoren las conexiones por tren, seguirá abiendo cuentas pendientes: la Ronda Sur debe estar concluida para 2026, la A-12 a Burgos se ha quedado en media autovía y nadie sabe muy bien qué hacer con el aeropuerto de Agoncillo.

En el caso de los autónomos, el gasto total de las subvenciones superará los 55 millones de euros. Las ayudas, divididas en tres tramos, ya se están concediendo. Salvo en el caso de los societarios, no tienen en cuenta el nivel de ingresos: se entregan 2.700 euros en un solo pago a los menores de 30 años y a los mayores de 60, y 2.100 euros al resto. Para el año que viene se repartirán otros 2.100 euros a los autónomos societarios que no superen los 60.000 euros de base liquidable en el IRPF. «Es una de las medidas de las que estoy más contento. Cuando la diseñamos nos dijeron que era inviable o que no iba a haber financiación ni capacidad para ponerla en marcha y ahora agradecen que nos hayamos acordado de este colectivo y las ayudas han llegado en tiempo récord, con un procedimiento rápido y simplificado», señaló Capellán en junio. Sigue abierto, sin embargo, el debate sobre su eficacia, aunque la oposición, sobre todo el PSOE, medirá sus palabras porque tampoco quiere desairar a un grupo numeroso (más de 25.000 personas) y con tanto peso en la economía riojana.

La cantidad destinada a subvencionar la destilación de vino y la vendimia en verde también resulta mareante. Solo este año se destinarán casi 16 millones de euros para quemar vino sobrante y una cantidad semejante se distribuyó el pasado año con el mismo objetivo. La Consejería de Agricultura insiste en que se limita a aplicar las medidas que le ha solicitado el sector, pero semejante descarga de dinero público solo puede justificarse por su carácter extraordinario. Los problemas del campo, que parecen más estructurales que coyunturales, planearán sobre el hemiciclo, y más con una nueva amenaza de movilizaciones.