Educación abre expediente sancionador a Serunión por las larvas en los menús

Galiana ha aprovechado una interpelación de la diputada de Podemos-IU Henar Moreno para explicar que el miércoles se reunió con los representantes de Fapa porque «es un tema que me preocupa y me ocupa».

Ha admitido que «la empresa tardó en comunicarnos las cosas y efectivamente eso me parece inaceptable y, por ello, hemos actuado y hemos dado pasos, pero también hay aspectos jurídicos, legales y personales que obligan a actuar con prudencia», ha aseverado respecto a la anunciada licitación de un nuevo contrato.

«Tenemos que generar una nueva licitación lo antes posible, pero no puede ser automático, requiere meses, el compromiso es que sean los menos posibles, y con unas mejores condiciones», ha explicado Galiana, quien ha avanzado que «creo que tenemos que revisar en un hipotético pliego nuevo el precio. La propuesta es que el precio mínimo sea superior para que en el nuevo servicio de comedor prime la calidad de los alimentos, así como el consumo de producto local, y se dará menos importancia al coste económico». Por ello también ha anunciado Galiana el compromiso de elevar las partidas de becas de comedor escolar para que el precio «incida lo menos posible en las economías familiares, sobre todo en las que cuentan con menos ingresos».

El titular de Educación también ha avanzado que «estamos analizando jurídicamente el inicio de un proceso sancionador por lo ocurrido«. Ha explicado que la Consejería va a iniciar un procedimiento de imposición de penalidades a la actual adjudicataria del servicio por incumplimiento del contrato. «Para ello, se están recogiendo los informes de los directores de los centros escolares afectados, los responsables del servicio del comedor de cada centro y de la dirección general educativa, para poder aplicar la mayor gravedad al incumplimiento».

Tras señalar que «lo que más nos interesa no es penalizar a la empresa, siendo importante, sino mejorar la situación», el consejero ha avanzado que vamos a reforzar los controles, porque no hay que olvidar que los de la empresa fallaron. Que estén tranquilos los ciudadanos porque vamos a trabajar para mejorar las condiciones de los comedores escolares».

Antes de las interpelaciones, las preguntas orales al Gobierno han vuelto a tensar el debate. El receso no ha calmado los ánimos. Tras un final de sesión matutina crispado en el Parlamento por la polémica sobre la posible amnistía a los condenados por el 'proces', el pleno se ha reanudado a las cuatro de la tarde con un intercambio de reproches entre los dos grupos mayoritarios a cuenta de la herencia recibida.

El primer encontronazo ha llegado tras la pregunta oral de la diputada socialista Teresa Villuendas sobre el inicio del curso, sobre el que ha denunciado que «faltan profesores y, aunque llevan más de dos meses en el cargo para analizar, prever, organizar y actuar o han estado lentos o les preocupaban más otros asuntos». En este sentido, ha mostrado su preocupación porque «en este curso escolar los privilegios van a primar sobre los derechos y se romperá el equilibrio entre la financiación de educación pública y concertada, entre otros asuntos», para advertir de que «en los pasos atrás vamos a ser inflexibles y nos tendrá enfrente».

En su respuesta, el consejero Alberto Galiana, ha aseverado que «el curso ha comenzado con normalidad, con 51.000 alumnos y más de 5.000 docentes, pero la herencia recibida no es buena». El titular de Educación ha añadido que «vamos a poner siempre los intereses de la comunidad educativa por encima de nuestros intereses partidistas».

Las listas de espera quirúrgicas han tensado aún más el ambiente al interrogar sobre las mismas la socialista María Somalo, anterior consejera de Salud a su sucesora, María Martín.

Ni siquiera se han puesto de acuerdo en las cifras. Somalo ha preguntado sobre las medidas para reducir los 110 días que los actuales responsables de Salud han admitido en declaraciones a los medios de comunicación y Martín le ha contestado que «la pregunta no es correcta, son 123».

«¿Qué han hecho ustedes, qué medidas han adoptado? Me temo que nada. Como sé que me va a decir que hemos priorizado las cuestiones ideológicas, le voy a decir que en el primer trimestre de este año se hicieron 891 operaciones más que en el mismo periodo de 2019 cuando ustedes gobernaban», ha aseverado la diputada socialista.

La consejera le ha censurado el oscurantismo que ha existido sobre las listas de espera y denunció que «dijeron que se había bajado a 93, pero con un gasto en solo un año en personal que superaba toda la partida que se dedicaba a conciertos».

«Su plan de choque se puso en marcha cinco meses antes de las elecciones, hay que tener cuajo, pero al día siguiente de las elecciones, se suspendieron las operaciones por la tarde y para el 30 de junio habían subido a 110 días y hasta que no llegó el nuevo gerente no se conocieron las verdaderas cifras de las listas de espera quirúrgica. Hay que tener poca vergüenza para defender la gestión sanitaria que realizaron», ha remachado.

María, tras detallar el Plan de Choque que el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha para reducir las listas de espera quirúrgicas dos quirófanos de tarde en Oftalmología; tres de tarde del resto de especialidades de cirugía con ingreso y cirugía mayor ambulatoria; uno de tarde (5 semanales) en extracción de cordales; otro de tarde en salud bucodental; otros tres quirófanos mensuales de cirugía menor ano-rectal; un quirófano semanal de cirugía menor en traumatología y otros tres quirófanos de doble sesión para todos los sábados- ha aseverado que «lo que de verdad nos importa es la salud de los riojanos. El objetivo es conseguir volver a las cifras de listas de espera que teníamos en 2019. Me preocupa la sanidad pública pero más me preocupan los pacientes riojanos».

Los reproches a cuenta de la herencia política prosiguen también a cuenta de la evolución del empleo, de la protección del lobo y, como por la mañana, por el suelo industrial en los polígonos de Calahorra y Alfaro. El diputado socialista José Ángel Lacalzada ha interrogado al Ejecutivo cuándo tiene previsto adquirir al Sepes suelo industrial en esos dos polígonos de La Rioja Baja y a continuar la tramitación a través de ADER tras el acuerdo del anterior Ejecutivo socialista de Concha Andreu que «logró pactar a un precio histórico de 35 euros el metros cuadrado«.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha advertido: »Hemos detectado irregularidades y hemos encargado una auditoría externa sobre ese suelo industrial en los polígonos de Calahorra y Alfaro y, además, ha habido falsedades. Hasta que esta consejera no tenga los resultados de esa auditoría y la seguridad de que esa compra se puede hacer con seguridad y legalidad me temo que no le puedo contestar a esa pregunta«.

El mismo intercambio de reproches ha teñido el final de la sesión plenaria, que ha concluido a las 18.17 minutos, tras otro tenso debate entre la socialista María Somalo y la popular María Martín, quienes han mostrado la discrepancia absoluta entre ambas fuerzas a cuenta de las decisiones políticas sobre el funcionamiento del Consorcio de Extinción de Incendios en La Rioja (Ceis-Rioja).