La Comunidad 'abre' a los municipios su plan contra el fraude en los fondos UE

La elaboración de este catálogo de medidas de control es una obligación exigida por la Comisión Europea y tiene como objetivo evitar las irregularidades, la corrupción, la doble financiación y los conflictos de intereses. Por ejemplo: que la esposa de un funcionario responsable del órgano de contratación a cargo de la supervisión de un procedimiento de licitación trabaje para uno de los licitadores o que un funcionario de un órgano de contratación y el presidente de una de las sociedades licitadoras tengan responsabilidades en el mismo partido político.

El Ejecutivo regional se dotó de su propio programa antifraude el 29 de diciembre de 2021 y la pasada semana acordó modificarlo para dar posibilidad a los municipios de poder adherirse a él. De esta forma «se facilita la gestión de los fondos y se reducen las cargas administrativas», explicó ayer el departamento de prensa de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que también aseguró que «no consta en este momento ningún caso de fraude» relacionado con los fondos comunitarios de recuperación.

La planificación riojana, que tiene una duración de cinco años, incluye medidas de autoevaluación y de fortalecimiento de los mecanismos de auditoría y de control interno. Implica la creación de dos comités, uno de ética y otro de lucha contra el fraude (aprobado en mayo), y la creación de un canal interno de denuncia de posibles incumplimientos o fraude en la gestión de fondos europeos.

En caso de detección de una posible irregularidad, el plan establece que se comunicará a los órganos competentes. Además, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito se remitirán al Ministerio Fiscal o a una autoridad judicial a través de los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja.