Hace pasar un camión nuevo por otro siniestrado y reparado en Logroño

La Guardia Civil da por finalizada la denominada operación 'Crossbar', que ha desarrollado junto a la Policía Local de Logroño y que se ha saldado con la investigación de un vecino de la capital de 40 años, con historial delictivo, como presunto autor de un delito de falsedad documental, por lo que se enfrenta a una pena de prisión de entre seis meses y tres años, y multa de seis a doce meses.

La operación 'Crossbar' se inició en octubre de 2023, cuando agentes de la Policía Local del Logroño y del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico -GIAT- de la Guardia Civil en La Rioja, detectaron una cabeza tractora estacionada en el barrio de Varea, sobre la que pesaba una anotación denegatoria emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería que lo inhabilitaba para circular por accidente. Los agentes locales procedieron a la colocación de un cepo para su inmovilización, tramitando a su vez las correspondientes denuncias por carecer de seguro obligatorio y por no haber pasado la inspección técnica en el plazo debido.

La empresa propietaria del camión explicó que el vehículo se vio implicado en un grave accidente de circulación en el año 2022, en el que falleció su conductor y la cabeza tractora quedó destrozada tras el fuerte impacto. Así, los investigadores solicitaron el atestado del accidente, pudiendo comprobar mediante el informe fotográfico que los graves daños en todos los elementos de seguridad de la cabeza tractora -dirección, suspensión, transmisión, frenado, puntos de anclaje, carrocería, etc- exigían que en caso de ser reparado, debía someterse a una inspección técnica extraordinaria antes de su puesta en circulación.

Los agentes constataron que la cabeza tractora había sido vendida tal y como quedó después del accidente a una empresa de Málaga, esta a su vez a otra empresa de Zaragoza, para acabar finalmente siendo adquirida por un empresario de Logroño, propietario de un camión de idénticas características al siniestrado.

Las numerosas contradicciones en las que llegó a incurrir este empresario motivaron la retirada de la cabeza tractora de la vía pública y su traslado a un recinto cerrado para su análisis y estudio. Durante el mismo, se comprobó que tanto las placas de instalación del limitador y del tacógrafo, como las 21 centralitas que lleva acopladas sin posibilidad de ser manipuladas no se correspondían con las de la cabeza tractora siniestrada, sino con las del camión de su propiedad.

Finalmente, se pudo determinar que este empresario adquirió el camión siniestrado para utilizarlo como donante del larguero derecho del chasis y colocarlo en el de su propiedad, que no presentaba anomalías y estaba en perfecto estado, sustituyendo de esta manera el número VIN, así como las placas de matrícula y placas del fabricante para hacer pasar el suyo por el siniestrado.

Aunque en este caso no llegó a producirse, en este tipo de prácticas el objetivo es defraudar a las compañías aseguradoras. Tras los cambios del larguero del chasis, se denuncia el robo del vehículo nuevo y con la indemnización correspondiente del seguro se hace frente a lo que al propietario le falta de pagar del mismo e incluso puede obtener un lucro mayor.

En el caso destapado por la Guardia Civil, sobre el investigado pesaba un orden de búsqueda, detención y personación por otras causas judiciales. Durante la instrucción de las diligencias se acogió a su derecho de no prestar declaración ante los agentes y a no manifestar los motivos que le llevaron a hacer pasar un camión por otro.

Debido a la importante función del chasis del camión que se encarga de sostener todos los componentes, incluyendo el motor, la cabina, la carga y el sistema de transmisión, y que su manipulación ha sido llevada a cabo por personal no cualificado, se prohibió su circulación de manera momentánea, por lo que quedó inmovilizado, dado que sus anomalías pueden suponer un riesgo especialmente grave para la seguridad vial y la circulación.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

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