La UCO vincula a Ábalos y su entorno con el cobro de mordidas por la Ronda Sur y la A-12

Así se desprende del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que obra ya en poder del juzgado y que desvela el modo de actuación que, según la investigación, desarrollaban Ábalos y su entorno para beneficiarse de adjudicaciones de obras públicas en distintos puntos de España.

La principal novedad del informe es ahora la implicación directa de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE hasta este mismo jueves, a través de audios en los que conversa con los otros implicados en el caso, hablando directamente de lo que parecen ser pagos pendientes como presuntas comisiones por la adjudicación a la empresa Acciona de diversas obras, entre ellas, un tramo de la reforma de la Ronda Sur de Logroño. La UCO también argumenta que otras firmas, como Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) abonó pagos a la trama para llevarse obras como las del tramo de la A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río (Burgos).

En el caso de la Ronda Sur, la Guardia Civil intervino una conversación entre Santos y Koldo en la que hablan de que se le adeudan al entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos una serie de cantidades. Entre ellas, una referida a la reconversión de la AP-68, que se adjudicó por algo más de 92,4 millones de euros.

Concretamente, a una pregunta de Santos Cerdán y Koldo sobre el pago de 550.000 euros en presuntas mordidas a Ábalos, ambos muestran diferencias sobre lo que se 'adeudaba' al exministro. Al cuestionar lo que se le debía «por lo de La Rioja» Santos responde: «Dice que de los 550, 50 son por eso» y, ante el desacuerdo, le pide a Koldo García más explicaciones: «Los 550 [mil euros] son de Murcia, ¿vale? Que se les dieron dos obras que son de 90 y 110, ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90, ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100», relata añadiendo otras actuaciones. «A él se le tenía que dar ahora mismo 450.000, vosotros le regalasteis 70».

La Guardia Civil recoge en un epígrafe lo referido a la obra de la ronda sur con el nombre de 'Logroño' y realiza una exhaustiva relación cronológica para vincular la decisión de la adjudicación con los pagos ilegales de la red.

En concreto, el 4 de abril de 2019 Koldo pregunta a Santos: «¿Sabes algo de Logroño?». Y este responde que ya se ha desbloqueado, que «sale la semana que viene» y que la decisión está «confirmada por todos». Además, Koldo explica que unas personas «están ejerciendo presión» a Ábalos para que se logre la adjudicación de las obras en la todavía AP-68.

Precisamente el 11 de abril, según la Plataforma de Contratación del Sector Público, se emitía una resolución por la que se levantaba la suspensión del acto de apertura de proposiciones económicas para la adjudicación de la Ronda Sur y se fijaba el 22 de abril como nueva fecha para realizar el acto de aperturas económicas.

Ese día se llevó a cabo el acto oficial de analizar todas las ofertas y que se cerró a las 11.15 horas. Doce minutos después, el director general de Carreteras enviaba un mensaje a Koldo: «Bingo!! En Logroño». Un minuto después, Koldo comunicaba la adjudicación a Santos Cerdán: «Ya está La Rioja hecho».

El 'trabajo' al que se refiere, según la UCO, es la adjudicación de las obras a la UTE Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras, que logró la mayor puntuación técnica entre las 12 ofertas recibidas. El 11 de septiembre de ese 2019 se formalizaba el contrato por 92,4 millones, que con el IVA ascendía a 111,8 millones.

Para apuntalar todavía más la investigación y demostrar que existió un procedimiento oscuro en la elección de la constructora, la UCO se retrotrae al 15 de diciembre de 2018 cuando Koldo García le envió a un directivo de Acciona una nota de prensa del Ministerio en la que se informaba de la autorización para licitar la Ronda Sur.

Además de esa presunta comisión a Ábalos en la Ronda Sur, la UCO también cita en su extenso informe otra obra en territorio riojano. En concreto, se investigan varios contratos a la empresa LIC por «presentar indicios de irregularidad en su tramitación», entre ellos el tramo de la A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, por un importe de 72,4 millones, una trama en la que también está implicado los empresarios Víctor de Aldama y José Ruz.

En concreto, la Guardia Civil refleja que el 13 de agosto de 2019 se produjo un ingreso de 50.000 euros a una cuenta vinculada a la trama seis días antes de que acabase el plazo para recibir ofertas por las obras de la A-12 (el 19 de ese mes).

Posteriormente, el 31 de octubre de 2019, el director general de Carreteras envió un mensaje a Koldo con la valoración de diversas empresas, entre ellas la presentada por la empresa investigada. La UTE formada por Torrescámara, Ortiz Construciones y Proyectos y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) obtuvo la puntuación global más alta ya que conquistó los 100 puntos (la máxima posible) en el apartado de juicio de valor, a pesar de haber sido la decimocuarta en puntuación económica. Un día después de ese mensaje (y de esa decisión) la misma cuenta que había recibido en agosto un abono de 50.000 euros, recibía otro pago de 20.000 euros procedente de Lopera Activa. El 11 de diciembre se confirmaba la adjudicación a esa UTE.