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El Gobierno riojano rechaza la proposición de ley de participación del PP porque carece de efectividad práctica

la rioja

Logroño

Lunes, 7 de octubre 2019, 12:35

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El Consejo de Gobierno ha rechazado, en su reunión de este lunes, la toma en consideración de la proposición de ley de participación y colaboración ciudadana, presentada por el Grupo Parlamentario Popular para su tramitación en la Cámara regional, debido a que el texto carece de mecanismos de control, ejecución y régimen sancionador que garanticen su cumplimiento efectivo.

El informe de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos asegura que se trata de una propuesta que no solo no es participativa, sino que tampoco está elaborada con la colaboración de la ciudadanía, con lo que no se cumple el objetivo de aumentar la participación ciudadana en La Rioja. Además, tiene un marcado sesgo ideológico que no favorece la participación, sino que más bien es un buzón de sugerencias ciudadanas, ha señalado Del Río.

Otro de los motivos por los que el Ejecutivo emite un informe desfavorable es por la gran multitud de conceptos abstractos e indefinidos relacionados con las obligaciones de la Administración en los distintos procesos de participación ciudadana que incluye la proposición.

Discrecionalidad y control político

Además, prosigue la argumentación del Gobierno, contiene un exceso de burocracia en gran parte de los procedimientos participativos propuestos lo que los hace ineficaces e ineficientes. A ese exceso innecesario de burocracia, se une la discrecionalidad y el férreo control político que permitiría a la Administración eliminar o modificar las propuestas originales presentadas por la ciudadanía con el objetivo de introducir un marcado sesgo ideológico que permita el control sobre las iniciativas ciudadanas.

De acuerdo a todos estos criterios, esta proposición de ley ahondaría en la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones, ya que no se le dota de ninguna capacidad de aplicación efectiva y no puede ser exigido mínimamente su cumplimiento por parte de ningún ciudadano o ciudadana frente a las Administraciones.

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