El Gobierno afirma haber «evitado» que 263 ciudadanos «devuelvan» 2.000 euros de Renta de la Ciudadanía

El Gobierno de La Rioja ha afirmado esta mañana que ha «evitado» que 263 personas «vulnerables, titulares de la Renta de Ciudadanía, tengan que devolver más de medio millón de euros (533.437,64 euros) a la Administración por la nefasta gestión del anterior gobierno del Partido Popular». La solución adoptada por el Ejecutivo riojano va a «evitar a estas familias tener que abonar una media de 2.000 euros cada una».

La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, ha recordado que «la gestión de la Renta de Ciudadanía por parte del gobierno del PP fue un despropósito desde el principio porque no se establecieron los mecanismos adecuados para dar los pasos administrativos necesarios con seguridad jurídica, no se efectuaron los refuerzos de personal para agilizar la tramitación, y la coordinación con empleo y la información a los profesionales fue nula».

En los tres primeros meses de trabajo en la región, el nuevo Ejecutivo riojano, ha afirmado la consejera, «hemos sido capaces de encontrar la solución legislativa a este grave problema y evitar así el descalabro económico de estas familias». La solución del Gobierno de Concha Andreu a la «falta de previsdión y mala gestión» del anterior equipo de Gobierno de La Rioja será a través de la Ley de Medidas Fiscales y Adminstrativas para 2020. En concreto, «Servicios Sociales modificará la Ley de Renta de Ciudadanía para ajustar a derecho el grave error cometido por el anterior gobierno del PP por la falta de previsión en la tramitación administrativa inicial de la Renta de Ciudadanía», ha subrayado Santos.

La Ley «se aprobará en el Parlamento de La Rioja, para que 263 familias riojanas vulnerables no tengan que pagar los platos rotos por la mala gestión del anterior gobierno del PP», se afirma desde el nuevo equipo de Gobierno. Por otra parte, Santos ha recordado que «la Renta de Ciudadanía ha sido, desde el principio, un asunto prioritario para esta Consejería» y, por ello, han «hecho un esfuerzo titánico para poder hacer frente al agujero presupuestario que nos dejó el gobierno del PP y pagar las nóminas de octubre, noviembre y diciembre por un importe cercano a los 3,5 millones de euros».

El Ejecutivo de Concha Andreu ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber prespuestado la Ley de la Renta de Ciudadanía «5,5 millones por debajo de la realidad». Además de esto, para junio de este año, «ya se había gastado prácticamente el 100 por ciento del presupuesto y en julio ya se tuvo que hacer una modificación presupuestaria por más de 358.000 euros».