Jesús Izquierdo y Jorge Ruano | Secretarios generales de UGT y CC OO de La Rioja

«No existe una falta de trabajadores: existen malas condiciones de trabajo»

– ¿En qué se concreta una subida salarial «importante»?

– Jesús Izquierdo (UGT): El incremento debe ir referenciado a la inflación. Y somos muy claros: o hay acuerdo o habrá conflicto. Planteamos para 2022-2024 subidas del 5%, 4,5% y 3,75%. Y todos los convenios tienen que tener cláusulas de revisión.

– Jorge Ruano (CC OO): Cláusulas que pueden entrar en vigor al final del periodo que se negocie en el convenio en los casos de las empresas que ahora atraviesen dificultades. Pero la negociación colectiva no sólo se tiene que limitar a los salarios: por un lado debe abordar la formación, que a nivel regional no está bien regulada en ningún convenio, y por otro, y aquí nos encontramos una resistencia brutal de las organizaciones empresariales, factores relacionados con las condiciones de trabajo como la flexibilidad, la conciliación, etcétera, que han ganado puestos en la escala de valores de los trabajadores. O nos sentamos y somos capaces de regular esas cuestiones o las cosas nos van a ir muy mal a todos. También a las empresas, que serán incapaces de atraer un mínimo talento.

– Jesús Izquierdo: Porque no existe una falta de mano de obra en España. Lo que existen son malas condiciones de trabajo.

– La patronal siempre incide en que el 90% del tejido empresarial está formado por pymes y que una cosa son las grandes compañías y otra muy distinta las pequeñas empresas.

– J. I.: Estamos dispuestos a abordar la situación empresa a empresa, sector a sector, para poder valorar si la revisión de los salarios debe operar conforme al IPC o en función del margen de beneficios. Pero lo que es una evidencia manifiesta es que los salarios no pueden estar congelados, que hay muchos convenios en La Rioja con malas condiciones de trabajo, como parte de los servicios, el campo y el sector de los cuidados, y que algunos llevan más de diez años caducados, caso de comercio. Y eso retrata a la patronal.

– J. R.: Hay sectores que verdaderamente están asfixiados. Bueno, pues negociemos. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando se han puesto sobre la mesa los márgenes objetivos de cada sector, la patronal se ha negado a negociar. Pero hay que decirlo claro: lo que no puede soportar esta comunidad es tener desarticulado un sector como el comercio general, o que otro tan importante como el agrario esté sin un convenio, porque eso es un nicho de precariedad y de fraude increíble.

– El empresariado también afirma que los incrementos del SMI amenazan la viabilidad de pymes y autónomos.

– J. I.: Esto no es así. Lo que hay que analizar, y ahí hay que echar el resto, es cómo queda el margen de beneficios de pymes y autónomos.

– J. R.: Porque los datos que nos han dado el Banco de España y otras entidades es que los márgenes empresariales han crecido una barbaridad en las grandes corporaciones, que son las que asfixian con las subidas de precios no sólo a la clase trabajadora sino también a autónomos y pequeñas empresas. Y nos preguntamos: ¿A quién defiende la patronal? Y, por otro lado, ¿de verdad que alguien que no pueda pagar el SMI no tiene un problema con su modelo de negocio?

– Piden al Gobierno que intervenga, pero ¿qué puede hacer si las negociaciones entre empresas y sindicatos son autónomas?

– J. R.: Cumplir la ley de Contratación del Sector Público de 2017. En las licitaciones, las administraciones siguen yendo al precio más bajo. Y la Ley no dice eso. Dice que tendrán que valorar las condiciones económicas, sociales, laborales y de salud laboral de las empresas. Por tanto tienen que hacer unos pliegos que premien a aquellas empresas que mejor lo hagan.

– J. I.: Y, además, no es posible que se estén dando ayudas generalizadas a sectores que tienen las condiciones de trabajo congeladas desde hace más de una década. El comercio y el agropecuario han recibido multitud de ayudas relacionadas con la pandemia y los fondos europeos, y aquí sí hay una parte que se podría condicionar a tener actualizada la negociación colectiva.

– Su balance social es positivo porque consideran que se han recuperado derechos. Claro que las reglas fiscales estaban suspendidas y se han movilizado cantidades enormes de dinero público. La UE ya reclama, sin embargo, volver a la senda de la consolidación. ¿Temen ajustes?

– J. I.: Ni el incremento del SMI, ni la subida de las pensiones conforme al IPC, ni la reforma laboral tienen que ver con las ayudas o los fondos europeos. En lo que sí puede haber un ajuste en los próximos años es en el reforzamiento de los servicios públicos, porque se han puesto muchos recursos, pero la deuda se está reduciendo. En cualquier caso no tenemos que volver a las políticas de 2008, que se demostraron totalmente erróneas.

– J. R.: No nos tenemos que adelantar, sobre todo porque aún no hemos cosido las costuras de la pandemia. Además de que la deuda se está reduciendo, el crecimiento de nuestro país está por encima de algunos parámetros europeos y todos los esfuerzos que hagamos en la negociación colectiva deben llevar aparejadas unas políticas sociales para que las familias mantengan las rentas ante la subida de precios. Pero no puede seguir el café para todos. Esas políticas tiene que tener en cuenta las rentas para aliviar a quienes lo necesitan.

– J. I.: Medidas como la reducción del IVA o las tomadas sobre la energía y los combustibles fueron adecuadas para el momento en el que se adoptaron, porque eso ha permitido controlar la inflación y que seamos el país europeo con la inflación más baja. Eso sí, ahora creemos que si los salarios no suben, el Gobierno tiene que actuar en materia fiscal para intentar redistribuir la riqueza.

– ¿Cómo?

– J. I.: Hablamos de aumentar el Impuesto de Sociedades, de si hay que gravar los beneficios empresariales de manera extraordinaria. De esa forma, si no suben los salarios, el Gobierno obtendrá una mayor recaudación para ayudar a las familias que más lo necesitan.

– J. R.: En este país, con todas las excepciones que van sumando, las grandes empresas pagan proporcionalmente menos impuestos que todas las pymes. Y esto no sólo debe ser revisado por el Gobierno: la patronal tiene que defenderlo, porque el 90% del tejido empresarial al que representa es pyme, que es la gran creadora de empleo y de riqueza, y la fija en el territorio. Es decir, se trata de que lo recaudemos a las grandes vaya a políticas de las pymes para mantener el tejido productivo.

– Las pymes también han soportado hasta, si no estoy equivocada, diecisiete subidas de cotizaciones sociales.

– J. R.: Pero ¿el verdadero problema de una pequeña empresa está en un 0,7%, un 0,8%, un 0,9% de más cargas sociales o en que le están exprimiendo las cadenas de valor? No quiero meter el dedo en el ojo a nadie, pero durante la pandemia se habló de lo que costaban los ERE para mantener las plantillas y nadie lo hizo de que los comercios y la hostelería estaban soportando unos alquileres de los locales cerrados que los rentistas no movían.

– J. I.: Niego la mayor. No está en riesgo la viabilidad de ninguna empresa o sector por el incremento de los costes sociales que, en mi opinión, ha sido mínimo. El problema, como dice Jorge, está en las cadenas de distribución porque ni siquiera se cubren los costes de producción.

– Sin obviar los dos años de pandemia, pero sólo en la recta final de la legislatura y, en pleno ciclo electoral, la vivienda está centrando el debate público.

– J. I.: Es que no hacemos nada si aumentamos los salarios y los tipos de interés suben cuatro puntos en el último año. Es verdad que hubo otras prioridades estos años, pero en esta legislatura, también en el ámbito regional, no ha habido una política decidida en materia de alquiler con precios asequibles ni de vivienda social.

– ¿Mensualidades entre los 300 y los 500 euros son apropiadas para el alquiler social? Aunque, quizás, primero haya que definir el alquiler social y cuáles son sus beneficiarios.

– J. R.: Sí, esa es la clave. El problema para los jóvenes es brutal, pero también hay rentas medias que sufren. Por tanto, el alquiler social siempre tiene que estar ligado a las rentas. Por eso hay que intervenir de forma decidida. Pero no sólo en Logroño. También en las cabeceras de comarca y en el medio rural.

– ¿El nuevo empleo fijo que se crea con la reforma laboral, y dado el peso que han ganado los fijos discontinuos, es un empleo de calidad? El que permite a los jóvenes encarar un proyecto de vida, por ejemplo.

– J. I.: Hay que acabar con el mantra de que lo único que hemos hecho es cambiar contratos temporales por fijos discontinuos. El empleo que se crea ahora es mejor y de más calidad que el se creaba antes, porque donde antes había un contrato temporal, que se encadenaba de forma sistemática, ahora hay uno indefinido, que es mucho más estable y de calidad. Cuando alguien quiere abordar un proyecto de vida tener un contrato indefinido, me da igual si es de manera discontinua, seguramente le da más seguridad.

– J. R.: Antes de la reforma laboral vivíamos con una perversión absoluta de los contratos. Un compañero que llevaba siete años en una fábrica industrial haciendo exactamente lo mismo llegó a acumular ¡47 contratos! Así que cuando le hicieron indefinido me llamó contentísimo porque su percepción sobre la situación de su vida había cambiado de manera importante. Y para los que sean fijos discontinuos es igual porque saben que sus empresas les van a llamar. Queda aparte la situación del sector público. No se puede mantener su alta temporalidad.

– J. I.: Es que no es posible que haya gente que lleve en interinidad más de 20 años. Eso no lo permitiríamos en una empresa privada. Pues tampoco en la administración pública.

– Para concluir, les pido un mensaje que resuma cómo encaran el Primero de Mayo de este año marcado por las urnas.

– J. I.: Sin duda, el lema que hemos decidido: subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Reclamamos a la patronal que los salarios recuperen un papel protagonista en la negociación colectiva. Y, por supuesto, si no hay negociación habrá conflicto.

– J. R.: Y hacemos un llamamiento a la participación de las elecciones y al sentido del voto. La gente tiene que reflexionar dónde están sus intereses, sabiendo que nos jugamos todo o nada, porque hay opciones políticas que están ancladas en un absoluto negacionismo de todo tipo y en un desprestigio de la instituciones democráticas sin precedentes. Nos enfrentamos a gente que puede plantear una política que niega desde el cambio climático a la sostenibilidad, al cambio de modelo productivo y a la violencia de género, y que propaga un discurso del odio. Nos jugamos seguir avanzando, con dificultades, pero seguir avanzando, o retroceder. Y esto no es especular: ya lo hemos visto en otras comunidades autónomas.