La Rioja declara la «emergencia migratoria» ante la distribución de menores no acompañados
El Ejecutivo regional podrá fijar medidas urgentes para evitar «la saturación del sistema» cuando se produzca el reparto de los afectados por las distintas regiones
La Rioja aprobó este martes la declaración institucional de situación administrativa de emergencia migratoria. ¿En qué se traduce eso? Según expuso Alfonso Domínguez tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se fijan así una «serie de medidas urgentes» con el fin de evitar «la saturación del Sistema Público de Protección de Menores» en el momento en el que se proceda a la distribución de los migrantes que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas.
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Entre las actuaciones que la declaración permitirá poner en marcha se encuentra, tal y como especificó el propio Gobierno, «la financiación específica para habilitar nuevas plazas adaptadas a las necesidades de los menores». Ahora bien, ¿cuántos de ellos llegarán finalmente a La Rioja y en cuánto se ampliarán las plazas en la región? Domínguez afirmó desconocer las cifras exactas. «Estamos teniendo muchísimas reuniones para incrementar esa capacidad y para poder adaptarnos a las llegadas en el momento en el que se produzcan, pero en la medida en que no tenemos una cifra definitiva por parte del Gobierno de España no podemos decir hasta donde podremos llegar», explicó el portavoz del Gobierno regional.
No en vano, en los últimos meses se había hablado de 205, pero también de 107 tras la aplicación de la ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes establecida en el Real Decreto. Aun así, y a la espera de que se fijen todas las premisas de cómo y cuándo se llevará a cabo ese reparto, el portavoz del Gobierno de La Rioja explicó que la región parte de una situación en la que entre el 90 y el 95% de las plazas disponibles para tal fin se encuentran ya ocupadas, por lo que esas cifras «exceden total y absolutamente la capacidad de acogida de La Rioja».
Ante esta coyuntura, el Gobierno regional ha estado en contacto con las entidades del tercer sector, la Diócesis y las familias acogedoras, para fijar las medidas urgentes. «Mostramos así nuestra voluntad de cumplir con algunas de nuestras obligaciones, siempre dentro de nuestras capacidades disponibles y con responsabilidad, ofreciendo una respuesta ágil, coordinada y centrada en la protección de los menores», reiteró el portavoz, quien explicó que estos mecanismos no se podrían haber puesto en marcha sin la declaración de emergencia. «El sistema no es capaz de responder, con los tiempos ordinarios de tramitación y gestión habituales, al proceso de asignación de menores», certificó Domínguez.
Así, tal y como se enumeró desde el Gobierno regional, esta declaración permitirá actuar en aspectos como la contratación de emergencia para agilizar la provisión de alojamiento, alimentación y atención médica; y el refuerzo de los equipos técnicos. También mejorará trámites como los de los procedimientos de acogimiento familiar y facilitará el establecimiento de nuevos modelos de acogida que acompañen a los menores hasta su emancipación, entre otras actuaciones.
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