El Gobierno investiga dos denuncias a centros concertados por cobrar cuotas ilegales
Uruñuela asegura que uno de los colegios está denunciado por reclamar la matrícula y un abono obligatorio de 350 euros al año
No es una polémica nueva, pero este jueves ha vuelto a protagonizar el inicio de la sesión parlamentaria. La diputada de IU Henar Moreno ha reclamado al Gobierno regional que impida el cobro de cuotas forzosas o falsamente voluntarias por los colegios concertados de la comunidad autónoma. En un primer momento, desde el escaño, el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, le ha asegurado que esta es una de las «acciones preferentes» que tiene encomendadas la inspección educativa y que, hasta la fecha, siempre que se ha detectado un caso de este tipo «se ha hecho el requerimiento al centro y se ha dado vuelta atrás»; una actuación insuficiente para Moreno, que reclama sanciones para evitar que haya familias que no puedan llevar a sus hijos a estos colegios, sostenidos con fondos públicos, por motivos económicos.
Ya en el atril, el consejero Uruñuela se ha explayado algo más y ha reconocido que el Gobierno está investigando ahora mismo dos denuncias contra centros concertados por el presunto cobro de cuotas ilegales. No ha desvelado nombres, pero ha indicado que en un caso se trata de un centro que cobraba 115 euros por material escolar. «Ya tenemos el informe de inspección y se les ha requerido para que dejen de cobrarlo y devuelvan las cantidades percibidas hasta la fecha». El segundo expediente resulta más grave, en palabras del propio consejero: «Se ha denunciado que cobran la matrícula en todos los cursos, y expresamente en Formación Profesional, y luego reclaman una cantidad de 350 euros obligatoria que puede ser abonada de una vez o en cuotas de 35 euros mensuales». Uruñuela ha señalado que este centro está aún «pendiente de visita por la inspección» y que informará con mayor detalle «cuando proceda». «Este tema me preocupa, y mucho, y estamos detrás de ello», ha señalado.
«Este tema me preocupa mucho y estamos detrás de ello, pero hay que subrayar que no todos los concertados son iguales»
Pedro Uruñuela | Consejero de Educación
El consejero, no obstante, ha pedido no meter a los centros concertados en el mismo saco: «No todos son iguales y no debemos mezclar a quienes cumplen la ley con los que no lo hacen», advirtió. Además, ha señalado que habían reclamado al Ministerio la actualización de la normativa, que se aprobó en el año 1985 y ha quedado obsoleta.
«No basta con hacer que devuelvan el dinero, hay que sancionar a estos colegios»
Henar Moreno | Diputada de IU
Viñedos de Álava
El pleno del Parlamento también ha tenido un momento para reflexionar sobre el lanzamiento de la denominación de origen Viñedos de Álava. El portavoz del Partido Popular, Jesús Ángel Garrido, ha censurado la inacción del Gobierno de La Rioja y ha sospechadp que la iniciativa nacionalista había tenido éxito gracias a la complicidad del PSOE: «El presidente del Gobierno de España es socialista, la presidenta de Navarra es socialista, la presidenta de La Rioja es socialista y el vicelehendakari del Gobierno vasco es socialista. Si esto ha llegado tan lejos es porque ustedes lo han permitido».
Las acusaciones han sido rebatidas firmemente por la consejera de Agricultura, Eva Hita, que ha recordado que es el Consejo Regulador el organismo al que le corresponde legítimamente acudir a los tribunales y ha subrayado que el alineamiento de su Gobierno con las tesis del Consejo es absoluto: «El sector está de acuerdo con el modelo de defensa planteado por el Gobierno de Andreu. Nuestro compromiso es firme y su acción está coordinada con el sector. DOCa Rioja solo hay una. Este Gobierno celebra la decisión del Consejo Regulador de blindar la exclusividad de su viñedo y en ese sentido hemos remitido un informe al Ministerio».
El apartado de preguntas al Gobierno también incluyó una mención expresa al delegado de la presidenta para el Plan de Transformación, José Ignacio Castresana. El PP pidió su comparecencia, sin éxito alguno, el 5 de febrero de 2021. La diputada Begoña Martínez Arregui se refirió a su ausencia y a la del director de la Oficina de la Presidenta, Eliseo Sastre. «Vamos a tener que pedir una comisión de secretos oficiales para saber qué pasa. No tenemos ningún conocimiento de lo que hacen esos señores, que tienen sueldo de consejero y personal más que suficiente a su cargo. Dicen que no comparecen porque no tienen obligación. Se creen con patente de corso para hacer lo que les da la gana e incluso para no hacer nada», les ha reprochado Martínez Arregui.
Le ha contestado el consejero de Hacienda, Celso González, reafirmando que ni Sastre ni Castresana tienen el deber de rendir cuentas de su gestión en el Parlamento: «Hay un informe del servicio jurídico que aclara que solo se puede pedir el control a los miembros del Gobierno: presidenta y consejeros y consejeras. No tienen la posibilidad de pedir el control a otros trabajadores de la administración», señaló.
