Una catalogación con coste extra y, en general, merma de la producción

A la mayor carga burocrática se suma un incremento del coste porque «todo lo que supone control administrativo es más caro», apunta. Además, la producción puede verse mermada en estas zonas si no se aplican los fertilizantes que se emplean en las que no están consideradas vulnerables. La razón es que el agricultor no puede aportar todo lo que necesita el cultivo en condiciones normales. En conclusión, no el 100% de ellos, pero sí buena parte, ingresa menos por una producción más mermada y cultivar en zona vulnerable tiene un coste adicional. Las exigencias no sólo tienen que ver con la cantidad de producto, también con las fechas en las que se pueden aplicar o no los fertilizantes y eso que la contaminación puede tener relación con otro tipo de fuente, como los excrementos de los animales, y no necesariamente de la agricultura.

En ARAG-Asaja consideran que la modificación del decreto busca alinearse con criterios científicos y técnicos actualizados y puede suponer «una flexibilización o clarificación de las restricciones previas», apuntan. Pese a la ampliación de zonas, creen que es «más permisiva» con respecto a la norma anterior, que limitaba de forma más estricta el uso de fertilizantes en pendientes, pero siempre en el marco de las buenas prácticas agrarias y con el objetivo de reducir la contaminación por nitratos. Por tanto, «aliviará la carga restrictiva a la que tienen que hacer frente los agricultores y que complica su trabajo diario. Además de suponer un incremento de costes y una merma en su rentabilidad».

Desde ARAG-Asaja reclaman que las medidas orientadas a la sostenibilidad se diseñen con criterios científicos y se aparquen las motivaciones ideológicas.