La retribución de Ángel Cano por BBVA, ligada a su futuro judicial

El presidente del BBVA, Francisco González (d), y el consejero delegado, Ángel Cano (i), conversan durante la Junta General de Accionistas./EFE
El presidente del BBVA, Francisco González (d), y el consejero delegado, Ángel Cano (i), conversan durante la Junta General de Accionistas. / EFE

El banco podría suprimir la remuneración de su exconsejero, que hoy acude a declarar por los contratos del supuesto espionaje de Villarejo

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El exconsejero delegado de BBVA, Ángel Cano, acudirá hoy a la Audiencia Nacional como investigado en una de las piezas que rastrean los contratos del excomisario, José Manuel Villarejo, con la entidad para realizar supuestos espionajes durante una década. Sobre el CEO, entre 2009 y 2015, pesa la acusación de cohecho y revelación de secretos.

Más allá de su declaración, a la que podría negarse como el resto de investigados según su estrategia de defensa, sobre Ángel Cano pesa la losa de un posible impacto económico si finalmente una sentencia corroborara esas acusaciones. Porque las millonarias retribuciones que ha ido recibiendo en los cuatro últimos años podrían verse mermadas tal y como exige el informe anual de remuneraciones de la entidad. Ese texto incluye cláusulas de reducción ('malus') y de recuperación de la retribución ya satisfecha ('clawback') si se certifican fraudes, conductas irregulares o comportamientos graves del Código de Conducta, entre otras circunstancias siempre que vengan avaladas por un fallo judicial.

En ese hipotético caso, el informe de BBVA determina que se activarían las cláusulas que permiten recortar, o tener que devolver, la retribución variable anual correspondiente al ejercicio en el que se produjo el evento que da lugar a la aplicación de esa circunstancia.

En su momento, el banco y el exconsejero delegado acordaron un bono de 45 millones de euros en 2015. En concreto, Cano sólo percibiría un 50% de esa cantidad en 2016; y el resto quedaría diferido en su totalidad por un periodo de tres años, esto es, hasta este mismo ejercicio. Y, en cualquier caso, «su devengo y pago se someterá al cumplimiento de los indicadores de evaluación» que podría verse afectado si finalmente hubiera una sentencia condenatoria.

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