La OCDE insta a España a recortar las nuevas pensiones y vincularlas a la esperanza de vida

En un informe pormenorizado sobre la economía española de 130 páginas, la institución con sede en París avisa del impacto de la tendencia demográfica de envejecimiento que «reducirá la oferta laboral, ralentizará el crecimiento del PIB potencial, afectará a los servicios públicos y ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas, en particular a través del sistema de pensiones y la atención sanitaria».

Las perspectivas que dibuja el organismo para el futuro de las pensiones no son halagüeñas. Según sus proyecciones, los costes asociados a la tercera edad se dispararán de aquí a 2050 porque las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración crecerán bastante más rápido que los ingresos. En detalle, las pensiones subirán unos 3,2 puntos de PIB anuales hasta 2050 y el conjunto del gasto ligado al envejecimiento podría aumentar hasta 5,2 puntos de PIB.

El organismo, de visita en Madrid, recuerda que España ofrece unas pensiones «relativamente generosas» pero el reloj demográfico corre en contra y habrá muchos más jubilados y menos trabajadores cotizando. En este sentido, la brecha entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones seguirá ensanchándose si no se llevan a cabo nuevos ajustes, con el consiguiente riesgo de volver a elevar la deuda pública cuando lleguen las jubilaciones masivas de la generación del 'baby boom'.

Una de las principales propuestas tiene que ver con ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión de jubilación: «Al implementar plenamente la extensión gradual del periodo de cotización a los mejores 29 años, como se legisló en la reforma del 2023, España se acerca a las mejores prácticas de la OCDE, pero el periodo de referencia para el cómputo de las pensiones debería ampliarse más, por ejemplo, hasta los 35 años, para garantizar la estabilidad financiera». Esta medida, si se implementara, implicaría una pensión de entrada más baja para los futuros jubilados, porque se incorporan los primeros años, con peores salarios, habitualmente.

A la OCDE tampoco le gusta la indexación de las pensiones a la inflación y la ausencia de un mecanismo que adapte de forma automática las pensiones al aumento de la esperanza de vida. El factor de sostenibilidad, que fue eliminado en la anterior reforma, se ve como un factor clave que también rebajaría la cuantía de los nuevos jubilados. En el documento, recuerda que España cubre ya el 30% del gasto anual en pensiones con transferencias del Estado, que han pasado de 15.600 millones de euros en 2019 a 41.600 millones en 2024, representando ya alrededor del 3% del PIB. Es decir, que los ingresos por cotizaciones, a pesar de las subidas aplicadas tras la reforma, sólo cubren un 70% del gasto.

Asimismo, el organismo señala que «si los déficits de las pensiones siguen cubriéndose con ingresos generales, el mantenimiento de las prestaciones de jubilación se hará a expensas de otras prioridades, desplazando otros gastos prioritarios».

En este sentido, la OCDE señala que «la Airef destacó una brecha cada vez mayor entre los gastos de pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social en las próximas décadas, en parte debido a las reformas de 2021-2023», impulsadas por el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

En una rueda de prensa conjunta en Madrid junto al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que, a raíz de la última reforma en materia de pensiones, se añadió otra llave que obliga a España a que cada tres años se valore si las previsiones que se han hecho se van desviando o no para poder ir ajustando las estimaciones.

Más allá de las pensiones y a pesar de que el mercado laboral español está funcionando bien, la OCDE reconoce que el país tiene algunos problemas estructurales importantes, como la franja de trabajadores mayores de 55 años. Un grupo de población donde muchos acaban encadenando paro y subsidios hasta la jubilación.

En concreto, el organismo pone el foco directamente en el subsidio para mayores de 52 años, que puede cobrarse de forma indefinida. Para el organismo, esta fórmula de apoyo desincentiva la reinserción laboral debido a su duración ilimitada, la falta de una prueba de recursos a nivel familiar y la acumulación de derechos de pensión después de la expiración del subsidio de desempleo. ««Igualar las reglas de subsidio por desempleo para todas las edades fomentaría que los trabajadores mayores se mantengan activos en el mercado laboral», afirma el estudio.

Este esquema, indica, hace que la prestación para los trabajadores sénior actúe como «una ruta de facto a la jubilación anticipada», ya que los beneficios pueden ser superiores a los salarios obtenidos en trabajos de baja remuneración. «Cerrar la brecha de empleo para los mayores de 55 años -afirma- es la que mayor efecto inmediato tendría al elevar el PIB».

Por otro lado, y a pesar de que la ratio de impuestos frente al PIB que se pagó en España en 2023 fue del 37,3% y superó en cuatro puntos a la media de la OCDE, recomienda acometer una reforma fiscal integral para reequilibrar los pagos y hacer crecer los ingresos, aunque no a costa de subir más las cotizaciones, sino a través de los impuestos al consumo.

La OCDE también advierte de que las futuras subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) deben «calibrarse cuidadosamente» para evitar efectos indeseados en el mercado de trabajo. Si bien el organismo subraya que la trayectoria ascendente «contribuye a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con bajos ingresos», recuerda que el ritmo de subida de los últimos años supera la inflación y el crecimiento de la productividad.

Frente a Cormann, Cuerpo destacó que gracias a estas alzas España ha conseguido converger al nivel del 60% del salario medio, con un impacto «mínimo» en la creación de empleo y prevé que siga aumentando de manera «robusta».