El Gobierno deja a Telefónica fuera del megacontrato de ciberseguridad del Estado

En concreto, este organismo argumenta que la propuesta de la teleco española «incurría en prohibición de contratar» con la Administración debido a que una de las compañías que formaba parte del consorcio, Govertis, no cuenta con el preceptivo Plan de Igualdad. Así quedó por escrito en el acta del 12 de noviembre y ha sido ratificado por el Ministerio para la Transformación Digital y para la Función Pública en un documento hecho público este sábado. Misma decisión que el Ministerio adoptó a principios de octubre cuando anuló la adjudicación del Lote 3 de este contrato por el mismo motivo: la falta de un Plan de Igualdad. En este caso, la empresa de ciberseguridad Mnemo.

En ambos casos, Transformación Digital recuerda que para contratar con la Administración pública, las empresas de 50 o más trabajadores deben contar con un Plan de Igualdad inscrito en el Registro de Planes de Igualdad (REGCON). «No tenerlo inscrito es una causa de prohibición para contratar con el sector público para los expedientes iniciados a partir del 22 de agosto de 2024», recuerda la Administración.

Tras la exclusión de los dos ganadores, la prestación actual -en manos de Telefónica e Indra- se prorroga hasta que el nuevo proceso se complete, algo que llevará varios meses. Un contrato que incluye la ciberseguridad de telecomunicaciones de la Administración Central y que agrupa los servicios de interconexión de centros de datos, seguridad e Internet.

Según ha podido saber este periódico, la propia Mesa de Contratación ha instado al órgano ministerial a analizar los posibles efectos de este mismo incumplimiento en el Lote 1, un contrato de red nacional multiservicio de 152,15 millones de euros que Telefónica ya había ganado previamente.

La controversia en torno a este contrato se originó cuando la UTE formada por MasOrange, TRC y Mnemo quedó fuera del proceso. La razón: Mnemo no tenía registrado su Plan de Igualdad en el momento de presentar la oferta. La decisión generó debate, especialmente al tener en cuenta que el Estado, a través de la SEPI, posee un 10 % de Telefónica, principal competidora en esta licitación. La propuesta económica de MasOrange era notablemente más competitiva -55,26 millones de euros sin IVA frente a los 63,06 millones ofertados por Telefónica- y había obtenido la mejor puntuación inicial.

Telefónica impugnó la adjudicación alegando ese incumplimiento formal y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, le dio la razón el 4 de octubre. MasOrange anunció inmediatamente que llevaría el caso ante instancias superiores al considerarlo un fallo «desproporcionado» y contrario a la jurisprudencia europea. Mientras tanto, continúa prestando los servicios del Lote 2, que sí le fue asignado y que abarca la protección de los dispositivos, una pieza clave en la estrategia de ciberseguridad del Estado.

A raíz de la resolución del TACRC, el Ministerio dirigido por Óscar López formalizó el 6 de octubre la exclusión definitiva de la UTE encabezada por MasOrange y procedió a adjudicar el contrato a Telefónica, que había quedado como única candidata. Esta decisión también ha levantado suspicacias en el sector, por tratarse de un área tan sensible como la ciberseguridad y por el aumento de la influencia del Estado francés en MasOrange tras el acuerdo que permitirá a Orange -participada en un 23 % por capital público francés- hacerse con el 100 % del operador.