Por una gestión controlada del lobo

Si no tomamos medidas en breve, el riesgo es claro con la desaparición de pequeñas explotaciones familiares, el empobrecimiento de nuestros pueblos y la pérdida de un patrimonio cultural y económico que no tiene precio», advirtió Noemí Manzanos en su comparecencia en el Senado el pasado 19 de diciembre. La consejera de Agricultura defendió en la Comisión General de Comunidades Autónomas la necesidad de seguir el ejemplo europeo y abordar una política responsable para lograr una coexistencia de la especie con el desarrollo rural y la actividad ganadera, esencial para La Rioja.

El Senado aprobó la moción –iniciativa no legislativa– presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno a exigir la exclusión de las poblaciones de este animal al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). En el texto se solicitaba también revisar y consensuar la estrategia española de conservación del lobo ibérico conforme a los datos de los censos actuales que han remitido las comunidades autónomas.

Durante la sesión, la consejera reivindicó el papel fundamental de la ganadería extensiva para La Rioja «porque genera empleo directo en las zonas rurales y mantiene la población en los municipios», además de ser «un elemento clave en la conservación del paisaje, la biodiversidad y el equilibrio territorial».

La Rioja ha pasado de tener constancia de la presencia del lobo en 12 municipios durante 2021, a situarse en más de 50 localidades en 2024. Por el contrario, en la sierra riojana cada vez hay menos ganaderos y se ha reducido en un 13% la cabaña de vacuno, ovino y caprino. Con estos datos, el Ejecutivo regional considera que resulta fundamental abordar una gestión responsable y controlada de la especie para lograr una coexistencia y un equilibrio que ahora mismo no existe por la desmedida presencia del lobo. Asimismo, el Gobierno de La Rioja ya solicitó formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en agosto de 2023 que iniciase de manera urgente el procedimiento para excluir al lobo del Lespre. En este sentido, Europa sí ha rebajado el nivel de protección en el marco del Convenio de Berna, mientras se sigue esperando una respuesta del Gobierno de España.

En octubre de 2023 ya se aumentaron las indemnizaciones en un 38% por muertes de ovino, un 98% a vacuno y un 46% de equino. Y, una vez actualizados los baremos de los pagos a las pérdidas reales, el pasado julio se estableció una nueva indemnización para los animales con heridas compatibles con la vida.

En el caso del ovino, al margen de las diferentes casuísticas en cuanto a su gravedad y tipología, se estimará un pago por oveja herida de 81,57 euros. En el caso de reses de ovino cuyas heridas graves sean compatibles con la vida, quedará reflejado el hecho de que económicamente no compensa la cura del animal y se procederá a una indemnización equivalente al pago por la muerte del animal. Por ello, se establecen, para carneros, carneros berrinchones y resto de ovino-caprino, unas indemnizaciones de 310 euros, 450 y 196,85 euros, respectivamente.

Para el supuesto del caso del bovino y el equino, se aplicarían las indemnizaciones calculadas, 995,21 euros y 715,15 euros por animal herido, respectivamente, en casos de afección muy graves; de 352,42 euros y 323,73 euros por animal herido para casos de afección graves; y, por último, en los casos de afección leves y moderados se aplicarán las indemnizaciones medias calculadas, 130,54 euros para bovino y 116,20 euros para equino, por animal herido.

Debido a que se están finalizando estos expedientes de responsabilidad patrimonial, que implican una tramitación compleja, aún no se dispone de los datos finales correspondientes a los daños por lobo de 2023, una actualización que ha implicado modificar el sistema. Por último, cabe recordar que el Ejecutivo regional ya aumentó el año pasado un 38% respecto a 2021 las indemnizaciones por daños de lobo, de 147.000 euros a 347.000 euros.