El acuerdo sanitario traslada al fondo de cohesión las contrapartidas económicas

«Aquí no hay ni vencedores, ni vencidos», aseguró el martes Rubén Garrido, alcalde de Oyón, al conocer la firma del acuerdo provisional entre los sistemas de salud riojano y vasco que permitirá retornar a los vecinos de La Rioja Alavesa a los centros hospitalarios riojanos. Ayer, José Ignacio Nieto, consejero de Salud de La Rioja, y su homólogo Rafael Bengoa, escenificaron esa paz sanitaria con la firma del convenio que sujeta a ambas administraciones al menos hasta el próximo 29 de febrero y que, a su vez, les obliga a negociar en busca de una solución definitiva. Uno y otro se mostraban satisfechos; los dos se consideraban vencedores de un proceso negociador del que, aseguraron, vascos y riojanos se beneficiarán.

Con ocho cláusulas y en poco más de tres folios se ventiló «el mayor problema de La Rioja Alavesa en toda su historia», en palabras de Garrido. Ocho cláusulas que incluyen derechos y deberes de las partes y en las que la principal reclamación riojana, la compensación económica por unos servicios que se tasan en más de 7 millones de euros, se resuelve con la remisión a «los fondos existentes o que se establezcan».

Una fórmula que parece que satisfizo a ambas partes: el titular de la sanidad vasca volvió a reiterar que de las arcas de Osakidetza no saldrá ni un euro hacia Logroño mientras que la Sanidad riojana tendrá alguien a quien reclamar en caso de que detecte perjuicio económico.

A grandes rasgos, esa es la esencia del convenio: contrastar quién gasta más en atender al vecino. Así, haciendo tabla rasa, el acuerdo entrará en vigor el próximo día 15, fecha desde la que los galenos de cabecera alaveses podrán derivar a sus pacientes a las especialidades del Hospital San Pedro, mientras que al otro lado del Ebro, la sanidad vasca atenderá a pacientes riojanos en más de una veintena de atenciones, servicios y cirugías. Derivaciones de pacientes entre comunidades que se tramitarán a través del Sistema Informático del Fondo de Cohesión (SIFCO) para tener un adecuado control.

Así, cuando llegue el momento, unos y otros sumarán sus gastos, restarán los de la otra parte y obtendrán un balance final que alguien deberá compensar para «restablecer el equilibrio económico», dijo Nieto. «Nosotros sólo pensamos en contraprestaciones económicas si son desde un marco nacional. El País Vasco da más de lo que recibe y no creo que debamos entrar en una batería de interacciones económicas», apostilló Bengoa.

Para Nieto, «en La Rioja hemos planteado esta cuestión defendiendo que los recursos que existen sean empleados en los riojanos. Estamos dispuestos a compartirlos con otras comunidades, pero para eso necesitamos que existan los medios y la financiación correspondiente».

En ese sentido, el consejero vasco apuntó que «es muy importante el marco nacional» por lo que entiende que debe «haber una conversación en el seno del Consejo Interterritorial, que tendrá que reinventarse, para impedir que se dé la misma situación en todo el país».

Trasladado a otro escenario el gran escollo, las partes detallaron algunos de los términos tanto de las conversaciones como de un acuerdo que dejaría al margen a tres localidades: Baños de Ebro, Cripán y Samaniego. Motivos: «Por no hacer un listado interminable», para Bengoa; «Es una referencia genérica a los municipios desde los que vienen pacientes», para Nieto. En la tarde de ayer el Gobierno riojano apuntó que si no están incluidas en el texto, quedan fuera del convenio mientras que Rubén Garrido señaló que es un error y que se incluirán.

¿Qué gana La Rioja con el acuerdo? Nieto aseguró que «se garantiza la atención a los pacientes riojanos en las mismas condiciones que a los del País Vasco» en unas especialidades que, si bien ya se venían prestando desde Osakidetza, «afectaba a un número pequeño de pacientes, un centenar. Con este acuerdo el flujo de pacientes será mayor».

Al margen de las negociaciones, y desde el primer momento, quedó la interrupción voluntaria del embarazo. Justificó Nieto su inclusión señalando que «es una de las prestaciones que, por cuestiones de conciencia, no se prestan en La Rioja por lo que debemos recurrir a un centro externo»; Bengoa expuso, sin embargo, que «la ley dice que cada comunidad debe prestar esa atención. No lo veo como parte de estas conversaciones».

Con una vigencia condicionada a la voluntad negociadora -«no concibo que dentro de dos meses estemos así», dijo Bengoa- el final del convenio llegará el 29 de febrero, si bien cabe la posibilidad de prórrogas mensuales. «El acuerdo no tiene sentido si no es en vistas de uno definitivo», explicó Nieto, que auguró un posible regreso a la situación actual «si no se alcanza una solución».

Con el escenario de futuro más optimista en la mente, los consejeros, que negaron presiones externas -ni de partidos ni de Comunidades- para firmar el convenio, apuntaron que el texto definitivo contendrá las prestaciones que cada parte ofrecerá a los ciudadanos de la otra, el procedimiento para acceder a las mismas, la extensión territorial y la forma de computar el coste de las prestaciones que se produzcan.