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El joven Enrique, discapacitado, junto a Alicia, madre de otro chico discapacitado, y José María y Aurora, padres de una hija en la misma situación.

La sombra de la ley: los discapacitados intelectuales que quedan fuera de ella

Existe un grupo de personas con una discapacidad intelectual reconocida del 33-45%, pero que «no les da grado la Ley de Dependencia y se quedan sin recursos», afirma Pilar Ruiz, técnico de Asprodema

M. CASADO

Viernes, 3 de marzo 2017, 22:22

Cuando se habla de Ley de Dependencia lo habitual es pensar en tercera edad o enfermos. Pero no solo estos perfiles entran dentro del lote de la dependencia, también lo hace otro colectivo, el de la discapacidad. Y en este ámbito, sobre todo en el de tipo intelectual, tal como explican familias y técnicos del sector, hay lagunas y sombras.

Debido al baremo de valoración de la dependencia, donde priman las competencias en necesidades básicas, «hay un porcentaje muy alto que se queda fuera del sistema de dependencia y por tanto de los servicios», apunta Pilar Ruiz, técnico de Asprodema. Algunos de esos recursos, como los de «promoción personal» o los de centros ocupacionales, podrían encajar especialmente bien en el discapacitado intelectual.

Este hecho desemboca, tal como explica Ruiz, en que existe un grupo de personas con una discapacidad intelectual reconocida del 33-45%, pero que «no les da grado la Ley de Dependencia y se quedan sin recursos. Unos recursos que antes de existir dicha ley sí tenían: derecho a recibir atención». Es decir, «la Ley de Dependencia ha relegado totalmente a esas personas que aunque no tengan 'dependencia' necesitan apoyos y ayudas para ser más autónomos en su vida cotidiana y para prevenir situaciones mayores de dependencia, que es además uno de los objetivos de esta ley, la prevención», añade la técnico.

«Es difícil sacar cifras de quiénes se quedan fuera, pero entre la gente que atendemos en el movimiento asociativo de Plena Inclusión La Rioja (integrado por ARPA, Igual a ti, Asprodema, ARFRAX y FUTURIOJA), se calcula que unas 120 personas. Si se recurre a datos del Gobierno de La Rioja, que indican que hay 995 personas en grado de discapacidad del 33 al 64%, puede hablarse de que alrededor de un 40% de esas 995 estarían en esa situación», puntualiza Soraya Arnedo, coordinadora técnica de Plena Inclusión La Rioja.

«No pedimos que todos entren en valoración de dependencia, porque hay quien no quiere pasar ese proceso o no cumple con el baremo de necesidades básicas, pero sí que tengan derecho a acceder a ciertos servicios, como los de promoción, que una cosa no quite a la otra», destaca Arnedo. Es decir, demandan que «el sistema de dependencia no elimine ni absorba los recursos de apoyo a las personas con discapacidad».

En cuanto a la aplicación, ambas técnicas reconocen que en La Rioja la valoración funciona muy rápida y la calidad de los recursos es buena, pero se está estancando: falta de plazas y falta de desarrollo de servicios como el de promoción de la autonomía o la asistencia personal.

Las entidades, el gran apoyo

Enrique Martínez, de 25 años y una minusvalía reconocida del 71% (con discapacidad física e intelectual), es ejemplo de a quien no se le ha concedido todavía la Ley de Dependencia. De hecho, recurrió la valoración negativa y está a la espera del nuevo veredicto. «Para mí es fundamental para poder desarrollarme, acceder al plan de vivienda y emanciparme, así como optar a los servicios de promoción personal: realmente lo necesito. Si me lo vuelven a denegar será un golpe», reconoce el joven usuario de Asprodema, que desde los 16 años padece esclerosis.

«Antes de la Ley de Dependencia podía llevar a mi hijo a un centro ocupacional o que participara en servicios de promoción por el hecho de ser discapacitado, ahora no. Como tiene competencias básicas no nos hemos planteado solicitar la Ley, pero la realidad es que se han quedado sin recursos que antes sí tenían. Por suerte él está ahora en un Centro Especial de Empleo, pero me preocupa su futuro», reconoce Alicia Ramírez, madre de David, de 31 años, discapacitado intelectual.

Otro ejemplo es el de la hija de José María y Aurora, de 39 años. A ella sí se le ha reconocido el grado uno de dependencia y puede optar a los servicios de promoción personal. En este caso el problema es que no está desarrollado propiamente el recurso por derecho, sino que funciona, de momento, a golpe de subvención y de acciones temporales.

Sin embargo, si algo recalcan los tres testimonios es la importancia y apoyo que para ellos han supuesto las entidades sociales, en su caso Asprodema. «Les debemos mucho, asumen carencias del sistema, gracias a ellas vamos saliendo adelante», concluyen.

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