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Carmen Nevot
Miércoles, 9 de noviembre 2016, 21:30
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Sesenta trabajadores de Unipapel, el grueso de ellos de la planta de Tres Cantos, en Madrid, y dos de Logroño, según Javier Pérez (CCOO), presidente del comité de empresa de la fábrica madrileña, han denunciado a la compañía por falsedad documental, un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, estafa e insolvencia punible.
La demanda, presentada con carácter particular por los sesenta trabajadores de Unipapel que decidieron llevar el caso por la vía penal, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 4 de Colmenar Viejo (Madrid) y está dirigida contra Adveo España, Adveo Grupo Internacional, Unipapel S.L. y su socio único Delion Holding Spain.
En resumen, según Javier Pérez, se denuncia que la operación de compraventa de Adveo a Springwater de las tres plantas de Unipapel en Logroño, Aduna (Guipúzcoa) y Tres Cantos (Madrid) «le salió por cero euros». Además, de acuerdo con su datos, a día de hoy la firma de capital riesgo Springwater debe 15 millones de euros a Adveo, a quien adquirió en enero del 2014 su unidad de negocio industrial, que incluye la fabricación, impresión y distribución de sobres, manipulados y sistemas de archivo.
Para el presidente del comité de empresa de la planta madrileña, «da la impresión de que es una compraventa fraudulenta totalmente», máxime cuando la antigua propietaria no ha denunciado al fondo de inversión pese a que le adeuda 15 millones de euros. En definitiva, apunta, los trabajadores «denuncian la operación de venta, y la gestión y la dejación del director general de Unipapel, porque las cuentas demuestran que ha sido una auténtica chapuza».
«Le hubiera salido más barato»
A la empresa, a su juicio, le hubiera salido más barato «una negociación seria con los trabajadores de Unipapel, antes de venderla, porque 120 trabajadores tienen más de 55 años, con eso hubieran dejado la plantilla en 180 personas y menos de la mitad de los salarios».
Los más de 300 trabajadores de Unipapel, (59 en Logroño, 170 en Madrid y 72 en Guipúzcoa) están afectados por un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) -en principio de doce meses-, desde primeros del pasado mes de julio.
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