Dimite el exalcalde de Villamediana tras ser imputado por delito urbanístico

Forzado a dejar la Alcaldía de Villamediana el 30 de septiembre pasado en virtud del pacto de gobernabilidad del municipio suscrito por su partido, el PP, con Ciudadanos, los 32 años de ininterrumpida presencia de Tomás Santolaya en el Consistorio villametrense pueden concluir de una manera mucho más abrupta que la que habría planeado quien durante cinco legislaturas fue elegido alcalde de la localidad. Todo depende de que el juez halle, o no, base para sostener la acusación sobre un delito cuya comisión significaría su inhabilitación. A ello se encaminan las diligencias previas abiertas por el magistrado Sergio Escalona el pasado 8 de octubre, en el marco de las cuales ha sido citado a declarar Santolaya el próximo jueves 21 (aunque ha solicitado un aplazamiento). Como él, irá desfilando en las próximas semanas por los Juzgados de Logroño el resto de imputados, «titulares o propietarios de las construcciones presuntamente delictivas como promotores de obras ilegales», según reza el auto judicial.

En el mismo, el juez relata que, a instancias de la Fiscalía, una unidad del Seprona constató «la existencia de numerosas edificaciones que, aparentemente, pudieran estar construidas con infracción de la legislación urbanística vigente». Este servicio de la Guardia Civil confeccionó un inventario de parcelas afectadas susceptibles de acoger construcciones ilegales. Del mismo surgieron dos relaciones diferentes: una primera con las parcelas de los denominados 'sectores diseminados', calificadas como suelo urbanizable en el Plan General Municipal de junio del 2013, con 96 parcelas y 69 construcciones registradas (entre ellas, la de Pedro Sanz), «en principio legalizadas», detalla el juez. La segunda relación refiere 305 parcelas en 'sectores rústicos' con 209 construcciones registradas, «muchas de ellas en previsible situación irregular». La investigación descartó las parcelas con edificaciones anteriores al 2011 o beneficiadas por la modificación del PGM de Villamediana aprobado en junio del 2013, siendo alcalde Tomás Santolaya: al final, quedaron 20 posibles construcciones ilícitas.

La inacción municipal respecto de edificaciones presuntamente ilegales que para nadie eran un secreto en la localidad solo se vio modificada cuando el Ayuntamiento fue conocedor de la investigación de la Fiscalía. A instancias del Seprona, señala el auto, intervino el arquitecto municipal, a quien el juez deja al margen de la imputación, en contra del criterio inicial del Ministerio Fiscal.

«De lo actuado -concluye el instructor- resultaría indiciariamente acreditado que unas construcciones se han edificado en suelo no urbanizable especial (protegido) y otras en suelo no urbanizable genérico, bien al amparo de licencias concedidas para casetas de aperos, y que no resultan compatibles con el suelo no urbanizable, o bien constituyendo modificaciones de tal consideración que se configuran como nuevas construcciones anexas a edificaciones ya existentes, sin que por su naturaleza y uso del suelo sean compatibles con la normativa urbanística».

La posible existencia de delitos contra la ordenación del territorio que, en opinión del juez, se desprenden de las actuaciones instadas por la Fiscalía, llevan al instructor a ordenar la incoación de diligencias previas. Por un lado, ordena y autoriza la entrada del Seprona en las parcelas y construcciones cuya legalidad se discute, excepto en el caso de que se trate de «domicilio o morada», puntualiza; por otro, llama a tomar declaración al exalcalde y hasta ahora concejal Tomás Santolaya Sáenz y una veintena de imputados más.