Sanidad denunciará a las autonomías que no garanticen abortos en hospitales públicos

Javier Padilla les afea que, pese a ser una obligación de los poderes públicos, y pese al tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley, muchas mujeres de sus autonomías «siguen encontrando barreras (geográficas, administrativas u organizativas) que dificultan su acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud», por lo que les advierte que el ministerio está dispuesto a dar el paso de denunciarles ante los tribunales si persisten en su incumplimiento.

Sanidad, les explica, va a elaborar un informe, sobre la base de los datos presentados por las comunidades autónomas, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2020 en lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, para comprobar «si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos».

A partir de los resultados, señala, «el ministerio valorará el inicio de procedimientos legales frente a aquellas autonomías que no estén garantizando este derecho conforme a lo establecido por la ley». Explica que, en primera instancia, y en función de la gravedad de los incumplimientos detectados, la Alta Inspección del Estado enviará requerimientos formales a las administraciones autonómicas afectadas, en los que solicitará información detallada sobre las medidas que están aplicando o prevén aplicar para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente.

Pero, «en caso de que las respuestas no resulten satisfactorias», el ministerio «adoptará las medidas legales oportunas, dentro del marco normativo, para asegurar que se cumple el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional».«Este procedimiento -concluye- se enmarca en la responsabilidad del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud».