Los delitos sexuales colapsan desde este viernes unos juzgados «completamente hundidos» de violencia de género

A falta de dos días para comenzar a ver estos delitos, no ha cambiado la estructura de la administración de justicia ni han llegado los refuerzos. «Necesitamos más jueces presentes en los juzgados, y no terminan de llegar», advierte Verónica Ponte, juez de Primera Instancia de Bilbao y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. «Seguimos infrarrepresentados. Los juzgados de violencia de género ya están colapsados y se les atribuye más competencias».

La intención de este traslado de delitos a los juzgados especializados está en brindar un trato mejor a la víctima, debido a la experiencia y sensibilidad desarrollada en estos veinte años que tienen de existencia. Sin embargo, ese trato puede verse afectado por la carga de trabajo, ya no sólo en los nuevos delitos sexuales que deben instruir sino en los de violencia machista que ya ven. Los jueces, en un comunicado emitido hace unos meses, calculan que los casos aumentarán en un 20%. Y ya, en este momento, «los juzgados están completamente hundidos», denuncia Ponte.

En estos juzgados «se necesita lo personalizado, porque el juez debe dilucidar lo que pasa en la familia, sobre todo en casos que involucran a los hijos. Una de estas víctimas habla de su vida y muchas veces hay menores. Son declaraciones que se alargan en el tiempo y que tienen una gran carga emocional», explica Ponte. Al trasladar los delitos sexuales a los juzgados de violencia de género, «se pretendía dar ese tratamiento personal a las víctimas de violencia sexual, también con mucha carga emocional por el trauma y una resolución complicada, pero no tiene sentido porque en esos delitos no hay ese tipo de medidas de protección a menores, y sobrecargan los juzgados».

El «esfuerzo de dotación» es un clamor de los jueces. En el caso de las nuevas secciones de violencia de género, como pasan a llamarse con la entrada en vigor de la ley, se hace urgente «porque el incremento de la competencia supondrá mayor carga de trabajo que atender que podría provocar retrasos», indica el magistrado Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz de Jueces para la Democracia, quien opina que el aumento del número de jueces anunciado por el Ministerio de Justicia «es un primer paso que tiene que reforzarse a partir de 2026, con una ampliación relevante de la planta. Lo esencial es que se mantenga una respuesta rápida y de calidad para las mujeres quienes solicitan amparo y protección frente a la violencia de género, de modo que no debe escatimarse en esta materia tan delicada».

Ahora bien, ¿la respuesta rápida y de calidad se podrá prestar desde este primer viernes de octubre? ¿O podría haber ciertos desajustes al principio? «La competencia se asume desde ahora pero es nueva, de modo que van entrando asuntos que habrá que tramitar y que poco a poco incrementarán la carga de trabajo de los actuales jueces», responde Rodríguez Achutegui. «Los nuevos jueces se irán incorporando en cuanto se apruebe y el Consejo General del Poder Judicial resuelva el concurso. Lo esencial es que se haga con prontitud para que los actuales jueces no se vean afectados por la nueva competencia, para lo cual se tiene que hacer un esfuerzo progresivo, puesto que las secciones de violencia de género de los tribunales deben dotarse paulatinamente de mayor número de jueces».

En el comunicado firmado por más de 120 jueces de violencia de género en marzo, los afectados aseguran que su «implicación traspasa lo meramente profesional, para acompañar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el largo camino que se inicia con la denuncia», y a ellas se dirigen para que «conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias que está previsto se produzca a partir del 3 de octubre de 2025». Este viernes, entonces, las «condiciones laborales» de los jueces especializados en estos delitos se deteriorarán, alerta Ponte, que pide más recursos. «Sin medios no hay justicia. Pero no es solo un problema estatal, afecta a todas las administraciones, como las Comunidades Autónomas, responsables de los grupos de psicosociales y de los edificios, porque yo he trabajado en algunos donde la víctima y el agresor deben esperar casi juntos. No nos dan los medios necesarios, que deben ir a todos los ámbitos, del juez al psicólogo». La cuenta regresiva se acerca al cero.