El juez pide ayuda a Estados Unidos en la causa contra Alvise por el falso PCR de Illa

Según consta en la comisión rogatoria, el integrante de la Sala Segunda (Penal) ha actuado a petición de la Fiscalía, que le reclamó que solicitara el auxilio a las autoridades judiciales estadounidenses para que le den su apoyo para recabar datos de la mencionada red social. Para el instructor Hernández, la medida es oportuna, pertinente y proporcional, porque permite recabar «información relevante» sobre las condiciones personales y temporales en las que se activaron los canales de divulgación de contenidos y documentos presuntamente falsos e injuriosos.

Por otra parte, el Parlamento Europeo ha iniciado este miércoles el trámite para examinar la suspensión de Alvise por una de las cuatro causas abiertas en el alto tribunal español. Este proceso suele llevar una media de seis meses en la mayoría de los casos y comenzará por el examen de la petición por parte de la comisión de asuntos judiciales. Este órgano puede pedir cualquier información o explicación que estime necesaria y el diputado tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar los documentos o cualquier otra prueba escrita según proceda.

Una vez concluido su análisis, la comisión parlamentaria debe adoptar una recomendación a puerta cerrada sobre la respuesta al Tribunal Supremo y en la siguiente sesión plenaria será presentada ante todo el parlamento para que apruebe o rechace el levantamiento de la inmunidad.

El alto tribunal tiene cuatro causas abiertas contra 'Alvise', entre ellas una por presuntos delitos electorales y de financiación ilegal de su partido por la que remitió un suplicatorio a la Eurocámara la pasada semana. En esta causa, se investiga los 100.000 euros que recibió 'Alvise' del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', de cara a las elecciones europeas de 2024.

Además, cuenta otra por la citada difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; otra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con la plataforma Se Acabó La Fiesta (SALF) a dichas elecciones y posteriormente se dieron de baja.