Los disturbios en Torre Pacheco detonan el pulso por la inmigración entre Vox y la izquierda

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, recriminó este domingo la actitud del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, del PP, afeándole sus llamamientos a frenar la violencia «cuando han sido ellos –señaló el dirigente voxista– los que han estado financiando la inmigración ilegal que tiene aterrorizado a todo el municipio».

Con el Ejecutivo y el PSOE orillando la cuestión mientras centran su agenda en un final de curso frenético por el 'caso Cerdán' y los asuntos legislativos pendientes, fue la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, la que salió al paso este domingo de estas manifestaciones, asegurando que las algaradas tienen su origen unas convocatorias lanzadas a través de las redes sociales «incitando a la violencia, lanzando comentarios xenófobos». «Y eso no se puede permitir en democracia, no lo podemos permitir y por eso estamos siendo muy contundentes», zanjó.

El sábado, a diferencia del día anterior, no hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo y los combates callejeros se produjeron con el lanzamiento de objetos entre grupos ultra y magrebíes. De momento solo hay un detenido, pero la Guardia Civil tiene «muchas personas identificadas» y no se descartan más detenciones. También hay cinco heridos por ambos bandos, pero no han necesitado hospitalización.

Sumar, a diferencia de los socialistas, sí apunta directamente a Vox como responsable de estos actos vandálicos. «Lo que está ocurriendo en Torre Pacheco es una cacería racista alentada por la derecha fascista de nuestro país. Frente a su fascismo, antifascismo», señaló en sus redes sociales la colíder de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

La formación, socio minoritario del Gobierno, relaciona este episodio de violencia con la petición de los de Santiago Abascal de deportar masivamente a personas migrantes. «Una semana después, los escuadristas llevaron la violencia a Torre Pacheco. Una democracia sólida es incompatible con discursos de odio que se traducen en dolor y ruptura de la convivencia», apuntó la formación en un comunicado.

En la nota, los magentas exigen una actuación policial «rotunda», «investigación inmediata entre los llamamientos de Vox y sus cargos y los episodios de violencia», y, por último, acelerar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que busca legalizar a miles de inmigrantes y que está varada actualmente en el Congreso después de que fuera aprobada su toma en consideración en abril del año pasado.

El PP, que gobierna en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha puesto el foco en el despliegue llevado a cabo en la zona por parte de la Delegación del Gobierno. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, exigió anoche al Ejecutivo central reforzar los efectivos en la localidad para «frenar la espiral de violencia inmediatamente». Todo ello después de varias trifulcas y agresiones entre manifestantes que protestaban por la falta de efectivos de Guardia Civil que combaten la inseguridad presuntamente provocada por jóvenes magrebíes.

Así lo afirmó el líder de la oposición en un mensaje en sus redes sociales, en el que detalló que ha hablado con el alcalde de Torre Pacheco y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. «El Gobierno debe reforzar los efectivos para frenar la espiral de violencia inmediatamente. Lo primero es garantizar la seguridad ciudadana y que todos respondan ante la ley, empezando por los agresores de un mayor indefenso», insistió Feijóo en su mensaje.

Los populares aprobaron recientemente los presupuestos de la Región de Murcia gracias a un pacto con Vox, un año después de que los de Santiago Abascal abandonaran el Gobierno autonómico, en el que contaban con dos consejeros –el vicepresidente, José Ángel Antelo, y el titular de Fomento, José Manuel Pancorbo– en protesta por el reparto de menores no acompañados para aliviar la carga de Canarias propuesta por el Gobierno que, entonces, aceptaron los populares.

Entre las condiciones impuestas por los de Abascal, el rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales «impuestas por el Gobierno a las Comunidades Autónomas» que suponen, señalan un «efecto llamada».