El espray que pintarrajea todo Logroño

Nadie se sorprendió que la histórica Casa del Corcho, en el corazón de los 'portalillos' de la plaza del Mercado, cerrase y al día siguiente apareciese repleta de firmas nada decorativas. Ni siquiera el tradicional escaparate, de las imágenes más retratadas del Casco Antiguo, disuadió a los 'grafiteros'.

Pero tampoco lo hizo nadie cuando pintadas de gran tamaño aparecieron en el nuevo puente sobre el ferrocarril que culminó el nudo de Vara de Rey incluso antes de ser reabierto. Como también se daba por hecho que los 'tótems' publicitarios colocados aprovechando las ubicaciones de las antiguas cabinas no tardarían en mostrar manchas de espray.

La Policía Local repite periódicamente que las pintadas en la vía pública son «un modo de vandalismo que nada tiene que ver con el arte urbano». No es raro que cada cierto tiempo desde el Ayuntamiento se informe de actuaciones policiales al respecto, si bien estas solo son posible si se pilla 'in fraganti' al autor o autores. La Administración local, como todas, sabe que los grafitis denotan «dejadez» y, de hecho, se limpian siguiendo, en cierto modo, un protocolo. Los ofensivos, que son excepcionales, «de inmediato»; los que no tienen contenido hiriente, la mayoría, «se calendarizan». Tales incidencias, que se cuentan por centenares, llegan por el 010, por el propio servicio de limpieza o por la inspección local.

Habría que distinguir, eso sí, entre las que afectan al dominio público o a las propiedades privadas, pues en estas últimas se actúa si los perjudicados lo solicitan, siempre que sea en la fachada, y «eximiendo a los servicios municipales de cualquier responsabilidad derivada de la aplicación del sistema de limpieza». No se limpian en puertas de garaje, escaparates, portales o elementos susceptibles de sufrir daños...

El discutido 'arte' del espray cuesta mucho dinero a los contribuyentes –de la pasarela de La Cava se eliminaron las pintadas este mismo verano–, pero ningún municipio tiene claro cómo actuar para ponerle freno. Las mismas, de hecho, no distinguen barrios ni superficies. Sanciones hay, pues aunque es muy difícil, los agentes pillan con la manos en el bote cada cierto tiempo a 'grafiteros' aquí y allá –como ejemplo, los casos que aparecen en estas mismas páginas–. Son los más recientes que se pusieron en conocimiento de la opinión pública, aunque se recuerda la identificación de tres jóvenes en agosto de 2020 como autores de al menos 24 pintadas en paredes, vallados, contenedores, vehículos y diversos elementos del mobiliario urbano, y la de otra persona en febrero de ese mismo año a la que finalmente se le imputaron unas 454 pintadas por toda la ciudad. No dejan de ser, en cualquier caso, la punta del iceberg.

La ordenanza municipal para el fomento de la convivencia ciudadana, la popularmente conocida como cívica, es la que regula, entre otros asuntos, los temas vinculados al vandalismo por grafitis u otro tipo de pintadas en la vía pública y espacios privados. Según la norma, se estipulan tres tipos de sanciones en función del tipo de infracción: entre 30 y 200 euros para las leves; entre 201 y 400 para las graves; y entre 401 y 600 para las muy graves.

Además de la multa, el infractor tiene la obligación de restituir lo pintado a su estado original. Por ello, debe abonar las reparaciones de los daños provocados. «En el supuesto de que el autor o sus tutores se ofrezcan a limpiar ellos las pintadas, se identificará a la persona para trasmitir este dato a Medio Ambiente. Ellos dirán cuáles pueden ser retiradas por él y cuáles no», recuerda el Consistorio capitalino.

Si la retirada de la pintada se lleva a cabo en edificios o monumentos de valor histórico, es importante destacar que, en algunos casos, esta acción puede ser considerada un delito. Esto se debe a que la eliminación de la pintura podría causar daños adicionales al bien, lo que podría resultar en una infracción penal. En tales situaciones, se tramitaría ante la Policía Nacional para que investigue y tome las medidas oportunas.

La Policía Local, en este sentido, advierte de que «toma muy en serio estos actos que deslucen el patrimonio y ocasionan cuantiosos costes de reparación y sustitución»: así, fotografían y guardan en sus bases de datos las pintadas realizadas que permiten identificar los trazos y firmas comunes de los responsables para poder atribuirles los daños incluso en un momento posterior. Los casos en que por reiteración o valor de los daños resultan muy cuantiosos, Logroño los deriva a la vía penal.