El PSOE exige al Ayuntamiento que rompa su contrato con Serunión «de una vez»

El Grupo Municipal Socialista de Logroño ha exigido hoy al Ayuntamiento de la capital riojana que rompa de "una vez por todas" el contrato con Serunión por el servicio de comida a domicilio.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arráiz, ha asegurado, una rueda informativa, que considera "inadmisible" la tardanza del Ejecutivo local a la hora de resolver el expediente sancionador a Serunión por el incumplimiento del contrato en cuestiones de calidad, cantidad y salubridad.

Arráiz ha señalado que Serunión, que lleva prestando este servicio desde el pasado 14 de diciembre, tiene a sus espaldas tres expedientes sancionadores graves desde el 24 de febrero.

Uno de ellos está relacionado con el proceso de pasteurización ausente en algunas comidas y otro debido a quejas respecto a la calidad y cantidad de las raciones.

Estos expedientes fueron resueltos el 24 de mayo con el pago de una sanción de 18.000 euros de indemnización en total, pero el referente a la alta concentración de la bacteria "Listeria Monocytogenes", que supone "un grave riesgo para la salud", según Arráiz, sigue abierto.

Así, ha criticado el vaivén en las decisiones tomadas por el Ayuntamiento logroñés, en concreto por el portavoz municipal, Miguel Sáinz, ya que la búsqueda de las soluciones ha estado plagada de "pasos para delante y pasos para atrás", no solo a la hora de conversar con la empresa, sino también en el momento de aplicar las sanciones pertinentes.

De hecho, ha resaltado que la falta provocada por la presencia de la bacteria ha sido elevada de grave a muy grave, por lo que la sanción pasa de ser de 10.000 euros a 18.000.

Debido a la acumulación de dos faltas muy graves -ya que a su vez las otras dos faltas graves (por la falta de pasteurización y la mala calidad de la comida) equivalen a una muy grave- ya existirían las condiciones ideales para la rescisión del contrato sin ningún inconveniente, según la portavoz socialista.

Sin embargo, a falta de que se resuelva el último expediente sancionador, este proceso no se puede desarrollar, ha apuntado.

Desde la adjudicación de la empresa se han dado de baja 37 de los 124 usuarios, y Arráiz prevé que el número aumentará cuanto más se retrase la culminación del expediente sancionador abierto el 24 de febrero.