El cambio de los nombres de 17 calles afectará a 7.573 vecinos y 900 negocios

Diecisiete calles de Logroño, entre ellas algunas de tanto peso como Jorge Vigón y Calvo Sotelo, cambiarán su actual denominación. La decisión está tomada por acuerdo del pleno del 31 de julio aunque deja abierta la puerta a que sean los vecinos y comerciantes afectados los que, por medio de una consulta, elijan el nombre sustituto y también el momento más oportuno para materializar la medida en el marco de la actual legislatura.

El último pleno del Ayuntamiento de Logroño retomó, merced a dos mociones del PSOE y Cambia, la aplicación de la ley de Memoria Histórica. Logroño constituyó en el 2007 una comisión especial que elaboró la relación de calles para modificar, un dictamen que recibió el visto bueno de la Corporación en febrero del 2011 aunque no llegó a hacerlo efectivo y que dejó pendiente para mejor ocasión. La ocasión ha llegado ahora de la mano de la oposición, que retoma ese dictamen que incluye el cambio de nombre de 17 calles y una denominación alternativa que no resultará vinculante, ya que la novedad es que se consultará a los afectados. Pero modificar el callejero tendrá sus consecuencias, más o menos molestas, para 7.500 vecinos y 900 negocios.

¿Cuántos vecinos y negocios están afectados?

La última memoria estadística del Consistorio señala que en estas calles viven 7.573 personas. En Jorge Vigón tienen su domicilio 2.380 personas; en Calvo Sotelo, 1.242 y en Santos Ascarza, otras 1.207, mientras que en Juan Inerárity no hay censados ni tampoco en el parque González Gallarza. Respecto a negocios, no hay datos oficiales. Ni Ayuntamiento, ni Cámara, ni FER tienen aún una estimación. El grupo municipal PR+ ha hecho la suya: 886 entre comercios y otras pequeñas empresas.

¿Qué sucede cuando a alguien le cambian el nombre de su calle?

No es algo que haya pasado tanto. De hecho, por relación con el franquismo sólo se han cambiado siete nombres en 40 años. Hasta 1979, la plaza del Mercado se llamaba Héroes del Alcázar; Portales era General Mola y la avenida de La Rioja se dedicaba a José Antonio. En 1983 la avenida de Madrid dejó de denominarse Almirante Carrero Blanco y, ya en 1988, la avenida de La Paz sacó del callejero a General Franco; Autonomía de La Rioja a la avenida 19 de julio y Mª Teresa Gil de Gárate a Queipo de Llano.

El departamento municipal de Urbanismo tiene un informe sobre lo que denomina 'inconvenientes' y que señala que, para la administración, se trata de un proceso «costoso desde el punto de vista formal y económico». Tras el trámite, una vez aprobado el acuerdo, correspondería al Ayuntamiento notificar las modificaciones a los afectados (vecinos y negocios citados), a las administraciones públicas, empresas, organismos..., es decir, al INE, al catastro, al registro de la propiedad, a Correos, a las suministradoras de servicios como electricidad, gas, telecomunicaciones... También debe cambiar el plan general, la web municipal, el callejero y realizar nuevos boletines de empadronamiento.

¿Qué debe hacer el vecino?

Obligatoriamente, nada. En Policía y en Tráfico sí señalan la conveniencia de modificar la dirección en el DNI y en el carné de conducir, pero, al tratarse de una circunstancia sobrevenida, no existiría la obligación que sí se da cuando la dirección varía por mudanza. ¿Hay que hacer escrituras nuevas? No, dice el decano de los notarios riojanos, Tomás Sobrino, quien señala que, de darse el cambio, sería una situación pública y notoria. Cuando el vecino tenga que actualizar papeles por otra causa, entonces se puede aprovechar y solo si, por ejemplo en una compraventa, alguien lo solicita expresamente, se podría pedir un certificado de cambio de nombre al Ayuntamiento. ¿Hay que informar, por ejemplo, a Iberdrola? No, se encarga el Ayuntamiento. Desde esta empresa confirman que, con la información municipal, actualizarían sus bases de datos. En el informe de Urbanismo, no obstante, recuerdan que pueden dejar de recibirse notificaciones de cuyo desconocimiento puedan derivarse consecuencias jurídicas graves (casos de embargos, desahucos...) y que la experiencia les muestra que durante toda la vida de los edificios se necesitarán certificados de cambio de nombre de calle.

¿Y las empresas y negocios?

Aunque no tengan que mover escrituras, ni abastecimientos eléctricos o de telecomunicaciones, como los vecinos, ellos sí tendrían más problemas: cambios en la documentación publicitaria, desde envoltorios, bolsas, rotulación, anuncios... pero también habrán de avisar a sus proveedores, acreedores, deudores y clientes. Y, en el caso de entidades e instituciones sanitarias, habrán de modificar la base de datos, servicios de urgencia, de taxis... ¿Cuánto cuesta esto? Las entidades que agrupan a estos profesionales, léase Cámara o FER, aún no han hecho el cálculo. Desde FER Comercio advierten de la variedad de los casos. Y desde el PR+, grupo que presentará al próximo pleno una moción para tratar de ayudar en los gastos que recaerían en estos profesionales, más que subvenciones, también por ahorrar trámites, lo que se planteará será una reducción de entre el 25 y el 50% del IBI durante el año de aplicación de la medida y, en el caso de quienes han de rotular de nuevo vehículos, quizá también en el impuesto de circulación. Todo en función del encaje que le encuentren los técnicos municipales, indica el edil regionalista, Rubén Antoñanzas.