Suspendidos 150 juicios en La Rioja por la huelga de los letrados de Justicia
Los antiguos secretarios judiciales cifran en el 93,54% el seguimiento de la jornada de paro en la comunidad
La jornada de huelga de los letrados de la Administración de Justicia ha obligado a suspender 150 juicios en La Rioja, según las cifras que ... manejan los convocantes del paro. Entre las vistas que no se han celebrado, hay dos derivadas de guardia y cuatro en el Juzgado de Menores.
La jornada de paro, que según los antiguos secretarios judiciales está teniendo este martes un seguimiento del 93,54%, también ha obligado a paralizar 135 comparecencias o declaraciones, como las exploraciones de incapaces o declaraciones de investigados, cuatro lanzamientos de inmuebles, 1 toma de posesión de inmueble, 31 actuaciones en el registro civil, 200 actos de comunicación fuera y dentro de sede judicial, 2 auxilios judiciales nacionales, es decir, actuaciones pedidas por otros juzgados que no se hacen. Además, las bandejas de entrada de escritos y demandas están paralizadas.
Más allá del retraso de algunas de las actuaciones judiciales, las consecuencias de la parálisis, según destacan los letrados de Justicia, acarrearán también perjuicios económicos por, por ejemplo, el mayor devengo de intereses en una condena, más salarios de tramitación en caso de un despido.
Los letrados han convocado huelga en toda España para este martes, mañana y los próximos 14 y 15 de diciembre -a partir de ese fecha podrías ser indefinida- para reclamar mejoras retributivas.
Convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y RECLAMALAJ (Asociación para la reclamación de los derechos profesionales y adecuación salarial de los Letrados de la Administración de Justicia), reclaman la adecuación salarial teniendo en cuenta que llevan asumiendo nuevas funciones procesales y responsabilidades desde el año 2009 en juzgados y tribunales.
Desde entonces son, según explican, «los máximos responsables del impulso y funcionamiento efectivo de los juzgados» y, sin embargo, hasta la fecha dicha responsabilidad y carácter directivo no ha sido remunerado, «constituyendo los funcionarios de la Administración del Estado de mayor rango (nivel A1) con una desigualdad salarial de 1.000 euros con respecto a los de la misma clase como jueces y fiscales».
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