La Rioja crece, pero no logra enderezar su pirámide poblacional

La Rioja no para de crecer, algo positivo, pero, como el resto de España, no lo hace demasiado bien, al menos desde el punto de vista demográfico y del equilibrio generacional futuro.

Según el último dato oficial disponible al cierre de 2024, la Estadística Continua de Población que elabora trimestralmente el INE, la región volvió a marcar un nuevo récord histórico a 1 de octubre: 325.987 habitantes, 1.844 más en el último año.

Un nuevo impulso afianzado en la inmigración, ya que mientras los empadronados de nacionalidad española fueron a la baja –de 266.645 a 265.681–, el colectivo foráneo se fortaleció con la suma de 2.808 habitantes más hasta sumar un global de 60.306, el 18,49% del censo riojano.

Pero orígenes al margen, la comunidad vio agravado un ejercicio más el problema del envejecimiento de su población: las personas en edad de jubilación, 73.039 de 65 o más años (otros 22.778 riojanos están a las puertas de abandonar su vida laboral, los de entre 60 y 64 años), triplican ya a la de niños, con solo 25.694 menores de 0 a 10 años.

Con una edad media en la región de 45 años y casi una treintena de municipios sin un solo habitante menor de 17 años, la esperanza de vida no cede en su escalada y en la actualidad se fija en 83,2 años, diez más que hace medio siglo, lo que hizo medrar un colectivo que demanda (con todo el derecho, evidentemente) más apoyos, sanitarios y también sociales. Más cuando uno de cada cuatro mayores de 65 años, 17.000 personas, viven solos.

Su atención es una de las prioridades de la Consejería de Salud y Políticas Sociales y un quebradero de cabeza creciente para su Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores.

A la espera de un cambio en el modelo, la atención residencial es uno de los retos actuales pese a los últimos incrementos de plazas: al borde del cierre del año 2024, se acumulaban más de 1.300 solicitudes de mayores riojanos para ocupar una plaza pública en alguno de los centros de la región, con algunas instalaciones con un tiempo medio de espera de hasta cuatro años y nueve meses.

La situación de las residencias provocó en 2024 una crisis política cuando el Ejecutivo regional optó por no sancionar a las residencias que no cumplan con las ratios de personal exigidos por ley. La consejera, María Martín, compareció en el Parlamento para defender la decisión: «No es una amnistía ni afecta al servicio, porque hemos reforzado los controles». No convenció a oposición ni a sindicatos.

En el rifirrafe político también ocupó su espacio el acogimiento de menores migrantes no acompañados con críticas incluidas de insolidaridad a La Rioja. Al cierre de 2024, la comunidad esperaba a dos menores más (otros ocho estaba previsto que llegaran a lo largo de 2025) para unirse a los diez que vivían ya bajo tutela de Servicios Sociales.

Y otra problemática, ajena a edades, se recrudeció también en la región, donde, pese a disfrutarse de unos niveles de condiciones de vida muy superiores a la media nacional, se incrementó el porcentaje de habitantes en riesgo de pobreza y exclusión social. Lo decían las estadísticas y, por desgracia, también la labor diaria de las asociaciones del tercer sector que atienden a los colectivos más desfavorecidos. A falta del cierre definitivo de los datos de 2024, el escenario era pesimista a tenor de los ya conocidos. Por ejemplo, Cáritas La Rioja atendió hasta octubre a 3.165 personas (+14% respecto a 2023), de los que 809 no podían ni pagar el alquiler de una habitación. Las ayudas de la entidad llegaron a 6.244 beneficiarios y, lo peor, 1.453 de ellos eran menores de edad, casi un tercio del total. Un drama.