Piden 6 años de cárcel para un abogado logroñés acusado de estafar casi 60.000 euros a una clienta

Todo comenzó a finales del año 2017, más de dos años después de que la víctima –una vecina de La Rioja– fuera nombrada tutora legal de una de sus tías, sobre la que la justicia determinó que tenía menguada la capacidad de obrar y que no podía realizar ciertos actos jurídicos ni administrar su patrimonio. A mediados de noviembre de aquel 2017, otra de las tías de la víctima falleció e incluyó a su hermana (la tutorizada por la mujer presuntamente estafada) en el testamento y le dejó en herencia diferentes bienes.

En el marco de ese proceso sucesorio (más complejo de lo habitual por el hecho de ser heredera una persona con la capacidad de obrar limitada judicialmente), la tutora decidió contratar los servicios de un letrado. Eligió a D.N.C., al que encargó, entre otras cuestiones, la realización de gestiones para la aceptación de la herencia, tramitar la liquidación de los impuestos derivados de la sucesión y presentar la rendición de cuentas en los autos de discapacidad del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Logroño.

El resultado no fue el esperado y D.N.C. se sentará este miércoles en el banquillo de los acusados como presunto responsable de un delito continuado de estafa y de otro de deslealtad profesional. Por el primero, la Fiscalía reclama 6 años de cárcel, inhabilitación para el ejercicio de la abogacía durante el mismo tiempo y una multa de 6.480 euros. Por el segundo, una multa de 12.960 euros.

Una vez aceptado el encargo, D.N.C., «guiado por un propósito de obtener un beneficio económico ilícito, aprovechándose de su credibilidad profesional y de la confianza depositada en él por su cliente», según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, comenzó a solicitarle la entrega de distintas cantidades de dinero para, siempre presuntamente y según la Fiscalía, hacer frente al pago de los impuestos derivados de la herencia, gastos de notaría y del Registro de la Propiedad, «cantidades de dinero que finalmente no destinó» a la finalidad acordada.

En su escrito, el fiscal sostiene que la denunciante, en cinco transferencias diferentes (entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de febrero de 2018) y para el pago del impuesto de sucesiones, le entregó 23.672,16 euros. D.N.C. no liquidó el tributo, «limitándose a declarar el devengo ante Hacienda», que posteriormente se lo acabó reclamando a la víctima.

Para el supuesto pago de la plusvalía de dos inmuebles de Logroño, el letrado le reclamó 5.219,67 euros, si bien fue su clienta la que finalmente pagó los 717,64 euros que le giró el Ayuntamiento de la capital. De igual manera, y para el mismo tributo de una vivienda que la fallecida tenía en Santa Pola (Alicante), el abogado recibió 11.903,48 euros, pero no liquidó el impuesto municipal.

El fiscal añade que D.N.C. recibió 4.212 euros para afrontar los aranceles notariales. En este caso, solicitó en una notaría de Logroño una copia de la escritura de aceptación de la herencia. Lo hizo mostrando el justificante de una transferencia que había ordenado previamente y que canceló una vez recibida la documentación. La víctima, una vez más, fue la que hizo frente al pago (756,42 euros). Además, la presunta estafada entregó 820,15 euros para gastos del Registro de la Propiedad, 684,21 para el impuesto de actos jurídicos documentados, una provisión de fondos de 9.409 euros y 2.168 para realizar las gestiones de redención de cuentas en el juzgado.

Así, entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, el letrado ingresó 58.088,67 euros que, presuntamente, no destinó a su cometido y por lo que el fiscal reclama una pena de 6 años de prisión.