«Hay intrusismo en nuestra profesión y eso afecta a la calidad asistencial»

– Junto al horror y la repulsa de ese crimen, ¿ven injusto que solo se haya hablado de ustedes por ese drama incomprensible?

– Pues sí, desde luego. Somos una profesión ya con muchos años de experiencia trabajando en protección de menores y parece que tiene que pasar una desgracia de este tipo para que se hable de nosotros. Somos invisibles para el resto cuando estamos ahí en primera línea, porque somos los que realizamos la intervención directa con el ciudadano y, en estos casos, somos los que estamos en los pisos de protección con los chavales.

– Por si todavía quedan dudas, ¿Cuál es su labor y en qué ámbitos se desarrolla?

– Estamos en contacto directo con la persona y trabajamos a raíz de la creación o de la planificación de unos objetivos que creemos que tiene que cambiar para que su vida vaya mejor. Por ejemplo, en los pisos de protección lo que hacemos es realizar un proyecto educativo individualizado con cada uno de los chavales para hablar de esas mejoras y esos procesos a través de herramientas socioeducativas.

– ¿Servirá para cambiar algo ese desgraciado protagonismo que les ha dado el cruel episodio de Extremadura?

– Pues esperemos que sí. La mayor advertencia que hemos hecho siempre ha sido contra el gran intrusismo que hay en estos puestos, porque la mayoría de los servicios de este tipo están privatizados o concertados. Los convenios especifican que el puesto de educador social tiene que estar ocupado por un profesional con dicha formación, pero no siempre se cumple.

– En las últimas semanas el colegio ha desarrollado reuniones con partidos y sindicatos para plantear sus demandas, ¿es el intrusismo su gran preocupación?

– Sí, desde el colegio hemos creado un grupo con gente que está preocupada por cómo se está dando el servicio a los menores y cómo afecta la privatización a los propios usuarios, a los chavales y a sus familias. Al final, si tú no puedes desarrollar tu profesión como deberías o no te dejan hacer todas las funciones que deberías realizar, eso conlleva que los chavales no pueden realizar esas mejoras o afrontar los cambios que necesitan. Es la pescadilla que se muerde la cola. Para que haya calidad asistencial nos tienen que dejar ejercer nuestra profesión en buenas condiciones y eso no se basa solo en si cobro más o cobro menos, que también, sino en otras mejoras de todo tipo. Eso provocaría menor variación de personal y a la par habría una mejor atención en los servicios, con mayor calidad. También queremos que, si es posible, esos servicios vuelvan a los servicios públicos para que nosotros podemos ejercer nuestras funciones más respaldados por la Administración y que haya una mejor atención al ciudadano, porque si no hay calidad en el servicio los que salen perjudicados son los menores y sus familias. Somos una titulación universitaria que lleva más de 30 años en las universidades y estamos formados para ejercer esta labor.

– ¿Hay alguna estimación de esa tasa de intrusismo?

– No, no me atrevo a dar cifras, pero en cualquier caso es importante y nos tememos que incluso podría rondar el 30% de los puestos.

– Otra de sus reivindicaciones tiene que ver con el cumplimiento de los ratios, la Ley de Servicios Sociales de La Rioja, lo fijaba en un profesional por cada 6.000 habitantes.

– Nada, no se está cumpliendo, faltan muchos. Tenemos un problema de visibilidad, es en toda España, aunque es cierto que en aquellas comunidades autónomas o capitales que tienen el grado de Educación Social en sus universidades son mucho más visibles.

– Precisamente la semana pasada no salió adelante en el Parlamento de La Rioja su aspiración de que se cree el grado en la UR. ¿Van a seguir con esa pelea?

– Desde luego que sí. Hemos hablado con partidos políticos y hemos hablado con la Universidad de La Rioja, llevamos mucho tiempo con esta demanda porque creemos que las empresas del tercer sector que dan esos servicios externalizados y que ayudan al servicio público contratan a educadores sociales, muchos, pero su reivindicación siempre es que no hay profesionales y que tienen que tirar de otras profesiones porque no encuentran. Pues vale, hay un mercado de trabajo que necesita profesionales con esta titulación, vamos a poner el grado en la UR porque sabemos que hay muchos riojanos que se van fuera a estudiar y se tienen que marchar a Burgos, León, Bilbao... Está en casi todas las universidades menos aquí y es un error cuando creemos que encima sí hay un nicho de mercado.

– El Parlamento de La Rioja aprobó en 2023 una proposición no de ley que establecía la obligatoriedad de que en diez años haya un mediador en cada centro escolar. ¿Se ha hecho algo?

– Pues todos los grupos se pusieron de acuerdo en que fuera así, empezando por Secundaria y al principio se empezó a cumplir, aunque a través de proyectos y programas europeos, con todo el dinero que vino de Europa por la pandemia, pero una vez que se han acabado esas ayudas... Creo que quedarán como mucho cinco educadores sociales en toda la Rioja, cuando estaba funcionando porque hacemos ese servicio de mediación, de prevención de acoso escolar, de resolución de conflictos con los alumnos, de tener ojos en el patio con otra sensibilidad que los docentes pueden tener porque estamos formados para ello.

– ¿Habría algún otro ámbito de aplicación?

– Sí, sí, desde luego. Por ejemplo en Salud Mental. Ese es otro de los saltos que queremos dar porque cada vez llegan a los servicios sociales más casos derivados desde Salud Mental infantojuvenil para que se realice intervención con los chavales y con las familias.